Cuando ya está en marcha el año electoral, el brazo judicial del oficialismo apuntó ahora, desde los tribunales de Comodoro Py, contra 92 intendentes y ex intendentes, en su mayoría bonaerenses y del Chaco.
La larga lista de jefes comunales fueron procesados como partícipes necesarios de un supuesto fraude contra la administración pública que habría sido cometido entre 2013 y 2015 a través de los Programas Municipales para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Pgirsu).
“Cada intendente con su accionar contribuyó activamente en la concreción de un perjuicio a las arcas del Estado, de una suma aproximada de seiscientos cuatro millones quinientos veintinueve mil seiscientos setenta pesos”, escribió el juez Claudio Bonadio en el procesamiento conocido días atrás.
«Cada uno de los intendentes involucrados, al momento de ejercer su descargo, no pudieron (sic) justificar ni mínimamente el incumplimiento de los pasos del Pgirsu al que se habían obligado”, remarcó.
Tampoco pudieron explicar “por qué en vez de cumplir las tareas por las que solicitaron el acogimiento al programa, las mismas derivaron en otras labores o cuestiones”, agregó.
Requirieron sumas de dinero para llevar a cabo distintos proyectos, sin que, a la postre, haya sido cumplimentado”, sostuvo en una resolución de 347 fojas que no difundió el Centro de Información Judicial (CIJ).
Entre los apuntados por el cuestionado juez aparece el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, hombre de la UATRE, cercano al fallecido Gerónimo «Momo» Venegas, que milita en las filas del Partido FE, integrante de la coalición de gobierno Cambiemos.
También aparece un hombre de la UOM del conurbano sur. Se trata de exjefe comunal de Quilmes por dos mandatos, Francisco “Barba” Gutiérrez.