Tres casos, juntados en una entrevista de la Revista Veintitrés, dan muestra de una política de persecución del gobierno de la Ciudad Autónoma. Diosnel Pérez, Mariano Skliar y Germán de los Santos son la muestra de que los dirigentes sociales y sindicales corren riesgo de terminar presos por dar la cara ante las autoridades y reivindicar derechos como la vivienda digna, condiciones laborales no precarizadas o el acceso público a la cultura.
Diosnel Pérez, militante del Frente Popular Darío Santillán e integrante de la junta vecinal de la Villa 20, será juzgado a partir del 16 de octubre junto a Luciano Nardulli, referente de la Corriente Clasista y Combativa del barrio de Soldati. Los acusan de haber “instigado” la toma del Parque Indoamericano en diciembre de 2010. Esto a pesar de que testigos de la talla de Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, aseguren que los acusados llegaron al Indoamericano luego de que haya sido tomado en su rol de referentes de la zona, para ayudar a las familias sin techo que estaban pidiendo asistencia del Estado.
Incluso hicieron una conferencia de prensa en la Legislatura porteña en donde recibieron el apoyo de todos los bloques opositores. A falta de una, fueron sobreseídos en dos oportunidades, pero la causa se reabrió por insistencia del fiscal general adjunto de la ciudad, Luis Cevasco, quien es conocido por su oposición al juzgamiento de genocidas. Pérez no deja lugar a dudas: “La Justicia porteña, por orden de Macri, quiere meternos presos para que tengamos miedo y no reclamemos. Pero no nos van a callar”.
Por su parte, Mariano Skliar, delegado general de la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores Estatales del Ministerio de Promoción Social de la ciudad, también será juzgado en noviembre próximo junto a otro dirigente de ATE, Humberto Rodríguez, secretario general adjunto de la seccional porteña del gremio. Los acusan de entorpecer el tránsito de uno de los carriles en la avenida 9 de Julio en el marco de una marcha que realizaron en marzo de 2013 para protestar por la precarización que sufren.
Skliar lo explica así: “Protestamos porque tenemos más de 2.000 compañeros contratados, sin estabilidad y con bajos salarios, cobrando la mitad de lo que cobran los que están en planta. Los funcionarios de la ciudad nos llamaron a negociar y después nos imputan”. Y evalúa al gobierno porteño en términos concisos: “Para los pobres de la ciudad hay un ministerio pobre, con trabajadores pobres. Al macrismo no le importa la promoción social”, reflexionó el dirigente gremial.
También en agosto del año pasado, la represión macrista pasó por la Sala Alberdi, cuando talleristas y estudiantes que realizaban un acampe en contra de la privatización de la cultura y el vaciamiento del Centro Cultural General San Martín fueron violentamente reprimidos por la Policía Metropolitana. Esteban Ruffa y Germán de los Santos, periodistas de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), y un integrante de una biblioteca popular resultaron heridos con balas de plomo disparadas por policías.
Este jueves 16 se convoca a una movilización a los tribunales porteños en Tacuarí e Hipólito Irigoyen, en solidaridad de los acusados Pérez y Nardulli por la toma del Parque Indoamericano. El propio Pérez del Frente Popular Darío Santillán lo hace de esta forma: “Tenemos que juntarnos para luchar por una ciudad para todos, con vivienda, trabajo, educación y cultura para todos, sin discriminación ni represión”.