El gobierno nacional firmó el 28 de febrero un acta con la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires avanzar con el traspaso de las distribuidoras eléctricas Edesur y Edenor a esas jurisdicciones. El acuerdo incluye la creación de un nuevo ente de control bipartito para realizar las tareas que hoy desarrolla el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) sobre esas empresas.
Sin embargo, y según consignó Página/12 la Asociación de Trabajadores del Estado denunció que dicho acuerdo no garantiza la continuidad laboral de los trabajadores del organismo y se declaró en estado de alerta.
Los trabajadores afirman que el directorio del ENRE les había prometido que en el acta se iba a incluir una cláusula donde se garantizara el traspaso de todo el personal que realiza tareas relacionadas al servicio de distribución (unas 200 personas), pero finalmente esa garantía no se incluyó. El acta dice que para avanzar con el traspaso “se requiere que las áreas técnicas del ENRE y del nuevo organismo regulador trabajen coordinadamente, para lograr una transición que no afecte la prestación del servicio y a sus usuarios y que respeto los derechos de las concesionarias”, pero a continuación aclara que “en ese período se evaluará también la posibilidad de que algunos agentes que hoy prestan servicios en el ENRE, pasen a hacerlo en el nuevo organismo regulador a crearse”.
La palabra “algunos” encendió la alarma en el gremio. Además, por si esa palabra no generara suficiente temor, ni siquiera se garantiza que algunos sean transferidos, pues se aclara que “se evaluará la posibilidad”.
“Expresamos nuestra profunda preocupación y reclamamos al directorio de nuestro Ente y a todos los poderes involucrados, tanto nacionales como locales, que al instrumentarse el traspaso de jurisdicción sobre las empresas Edenor S.A. y Edesur S.A. se garantice la continuidad laboral de quienes trabajamos en el ENRE y un adecuado control de las empresas distribuidoras a fin de proteger integralmente los derechos de los usuarios”, afirmó ATE a través de un comunicado.
“Como trabajadores del ENRE, a lo largo de los últimos 25 años y con los distintos gobiernos de turno, siempre hemos cumplido con todas nuestras obligaciones laborales. Cada trabajador/a del ENRE se capacita para su función y es evaluado anualmente en su desempeño laboral. Aportamos día a día el conocimiento acumulado durante todos estos años de trabajo y queremos seguir haciéndolo en el futuro para que el servicio eléctrico de todos los argentinos sea cada día mejor”, agrega el comunicado.
Por ahora el traspaso está demorado ya que antes el gobierno deberá avanzar con una liquidación de activos y pasivos de las distribuidoras con el Estado. La pelea está concentrada en ese punto y es difícil que haya una definición durante la campaña electoral, pero igual los trabajadores se declararon en alerta hasta que se garanticen todos los puestos de trabajo.
“Reclamamos un traspaso de jurisdicción sin trabajadores ni usuarios afectados”, concluye el texto de ATE.