La conducción de la CGT ratificó su participación en la convocatoria a «una gran marcha en defensa del trabajo, la producción, la soberanía y la justicia» el 4 de abril próximo, a realizarse entre Plaza Miserere y las avenidas de Mayo y 9 de Julio, analizó los proyectos de blanqueo laboral y de la Agencia de Tecnología Médica y reclamó soluciones a «la grave problemática de las obras sociales por el estancamiento del Fondo de Redistribución».
Los secretarios generales Héctor Daer y Carlos Acuña ofrecieron una conferencia de prensa en la sede obrera de Azopardo al 800 luego del debate del consejo directivo y ratificaron «la movilización del 4 de abril» próximo, en la que participarán los gremios confederados, entidades de la producción y de pequeñas y medianas empresas (Pymes).
Los dirigentes rechazaron «la política económica y los nuevos índices oficiales de desempleo y de caída industrial» y apostaron a las elecciones presidenciales de octubre próximo al señalar que «otro gobierno es necesario para modificar el actual modelo».
La movilización del 4 de abril, organizada por los sindicatos industriales y en la que también participarán las organizaciones sociales, comenzará a las 14 en la Plaza Miserere (Once), recorrerá la Avenida Rivadavia hasta llegar al Congreso y concluirá en las avenidas de Mayo y 9 de Julio, indicaron Daer, Acuña y el jefe textil Hugo Benítez.
«Se procurará el consenso con todos los sectores para que la marcha del 4 sea multitudinaria en defensa del reposicionamiento de la industria y la preservación de todos los puestos de trabajo», puntualizó Daer al explicar los motivos de la convocatoria.
En la orden del día el Consejo Directivo también trató tres proyectos enviados desde la Casa Rosada, que son desprendimientos de la fracasada reforma laboral. Las iniciativas tratadas por la cúpula sindical son el blanqueo de trabajadores, con características similares a las que se debatieron en 2017; la creación de una Agencia de Tecnología Médica (ATM) y el refinanciamiento del fondo de redistribución de las obras sociales, controlado por el Ejecutivo y con giros pendientes a las obras sociales por 1.560 millones de pesos.
«Son temas que continuarán madurando y que el Gobierno enviará al Congreso», señaló Daer frente a un año electoral que complica los debates parlamentarios, aunque señaló que desde la CGT le darán prioridad a la creación de la ATM y el refinanciamiento del fondo para las obras sociales.