Un cachetazo judicial recibió ayer la plana mayor de la Secretaría de Trabajo. Es que por dos votos a uno, la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo decretó la nulidad de la resolución que dispuso la intervención de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos.
A partir de lo resuelto por los magistrados Luis A. Raffaghelli y Graciela L. Craig, la intervención no cumple con los pasos legales porque no se agotó la vía asociacional en el reclamo de la oposición y tampoco consideraron que rija la acefalía, como sentenciaron los funcionarios.
El contundente fallo convalida los comicios con los que se reeligió a Adrián Silva y ordena al Estado argentino a hacerse cargo de los costes que generó el proceso judicial, incluyendo el pago de los letrados implicados en el caso.
La trama de la intervención, ahora anulada, une al exministro, devenido en secretario, Jorge Triaca y a su sucesor, Lucas Fernández Aparicio. Es que los gremialistas estaban convencidos que detrás de la resolución de Triaca se encontraba la gestión de Aparicio, por entonces una de las espadas del ministro de Transporte Guillermo Dietrich en la cartera laboral.
De hecho, la conducción del sindicato había denunciado en su oportunidad por abuso de autoridad y coacción agravada a Lucas Fernández Aparicio, en su rol de administrador de Ferrobaires y a la por entonces directora de Asociaciones Sindicales de la cartera laboral Karina Palacios Anchorena.
Más tarde la ciudad había amanecido empapelada con afiches que recordaban el paso «poco feliz» del actual secretario de Trabajo por la empresa de ferrocarriles bonaerense.