Hoy se cumplen cuatro años del asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra a manos de una patota que respondía al entonces secretario general de la Unión Ferroviaria, José Pedraza. El marco fue una protesta de trabajadores tercerizados de la ex línea Roca que reclamaban ser incorporados a planta permanente y que Pedraza pretendía silenciar.
En los beneficios económicos que la Unión Ferroviaria y algunos de sus integrantes obtenían a través de la explotación de los trabajadores tercerizados se encuentran las razones de un conflicto laboral que puso al descubierto una operatoria económica.
A través de la Unión Cooperativa Mercosur, cuyo titular era el propio Pedraza, el gremio administraba la contratación de trabajadores tercerizados con el aval de la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE), que gerenciaba la línea que comienza en la Estación Constitución.
Los sueldos y las cargas sociales de los empleados contratados eran pagados con dinero aportado por la Secretaria de Transporte, y la cooperativa de Pedraza -al igual que otras empresas que utilizaban la misma modalidad- cobraba un canon fijo por cada trabajador que apuntaba a su nómina.
Según pericias contables incorporadas en la causa que investigó el asesinato de Ferreyra, entre junio y diciembre de 2010, la cooperativa de Pedraza recibió gracias a este mecanismo 10 millones de pesos. De esta forma, el gremio se había convertido en un patrón que demoraba el ingreso de trabajadores a planta permanente, porque sumar trabajadores contratados le resultaba redituable.
Los trabajadores tercerizados y despedidos de la ex línea Roca se organizaron y junto con el apoyo de organizaciones sociales y políticas decidieron llevar adelante un reclamo que visibilizara la precarización a la que eran sometidos.
El 20 de octubre de 2010, los manifestantes salieron desde un local del Partido Obrero ubicado en Avellaneda, con la intención de cortar las vías cerca de la estación de esta localidad.
Advertidos de que un grupo de la Unión Ferroviaria encabezado por el dirigente Pablo Díaz se encontraba en el andén de la estación, los precarizados decidieron cruzar el Riachuelo y trasladarse a Capital Federal con el propósito de hacer el corte en Barracas. Después de cruzar por el puente Bosch, la columna de manifestantes fue atacada a piedrazos por una patota de la Unión Ferroviaria, al intentar instalarse sobre las vías.
Los manifestantes se replegaron y se reunieron en la calle Luján, a 200 metros de donde fueron atacados, y allí realizaron una improvisada asamblea en la que descartaron la posibilidad del corte y analizaron la alternativa de llevar a cabo un acto en Constitución.
Mientras se desarrollaba la discusión entre los trabajadores, efectivos a bordo de dos móviles pertenecientes a la Comisaria 30 de la Policía Federal observaban a los manifestantes, quienes convocaron para el día siguiente a una nueva reunión en la que evaluarían los pasos a seguir.
Cuando se retiraban por la calle Luján en dirección a Díaz Vélez fueron interceptados por un grupo ligado a la Unión Ferroviaria y encabezado por Cristian Favale, un barrabrava del club Defensa y Justicia reclutado por la gente de Pedraza.
Luego de agredir a un equipo de la señal televisiva C5N, los atacantes comenzaron a disparar sobre las columnas de manifestantes, ante la inacción de los efectivos policiales. Mariano fue herido de muerte y los militantes Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos fueron alcanzados por proyectiles que salieron de las armas que empuñaron Favale y otro matón llamado Gabriel Sánchez.
Los militantes detuvieron una ambulancia que transitaba por el lugar y lograron trasladar a los heridos al Hospital Cosme Argerich, donde Mariano -de 23 años, estudiante de Historia, dirigente de la FUBA y tornero- murió como consecuencia de las heridas recibidas en esa emboscada.
Pedraza y su lugarteniente en el gremio, Juan Carlos Fernández, no estuvieron en el lugar de los hechos, pero ese día se comunicaron varias veces con Díaz, quien a su vez lo hizo con Favale, Sánchez y Claudio Alcorcel, delegado y sindicado en la causa como reclutador de la patota que perpetró la agresión.
Entrecruzamientos de llamadas documentadas en el expediente, establecieron que el jefe de la Unión Ferroviaria garantizó la defensa de Favale a través de un prestigioso estudio de abogados. En febrero de 2011, Pedraza quedo detenido junto con Fernández, y el 6 de agosto de 2012, se inició un juicio oral y público que estuvo a cargo del Tribunal Oral 21 de la Ciudad de Buenos Aires.
La Justicia condenó en abril del año pasado, a 15 años a Pedraza y Fernández, como instigadores, en tanto que Favale y Sánchez fueron encontrados culpables de la autoría material de la muerte de Ferreyra,y recibieron una pena de 18 años.
El Tribunal presidido por el juez Horacio Días, sentencio también a Pablo Marcelo Díaz (18 años); Jorge Daniel González y Salvador Pipitó (11 años cada uno) y Claudio Alcorcel (8 años).
Durante el proceso se comprobó además la complicidad policial en el hecho, y, por ello, los comisarios de la Policía Federal Luis Mansilla y Jorge Ferreyra recibieron 10 años. Al dirigirse al Tribunal en el cierre del debate, Pedraza miró a la madre de Ferreyra, Beatriz Rial, y con una expresión lacónica le dijo: «Señora, jamás promoví ni tuve nada que ver con la muerte de su hijo».
El pasado 10 de octubre, el Tribunal rechazó un pedido para concederle a Pedraza, de 71 años, el beneficio de la prisión domiciliaria por entender que en el Penal de Ezeiza, donde está alojado, «posee todos los elementos para brindarle una correcta atención».
Mariano Ferreyra, un joven militante que se convirtió en un símbolo de la lucha colectiva por los derechos laborales.