La retirada del poder y la instalación en el llano parece empezar a tornarse compleja para el ex Secretario de Trabajo, Lucas Fernández Aparicio. Es que la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo suspendió la resolución que había firmado, ya de retirada, el propio Aparicio para revocar la certificación de autoridades de la Federación de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA).
La revocatoria de autoridades fue el paso previo, y necesario, al nombramiento de un delegado normalizador y el intento de virtual intervención de la entidad de azucareros.
Ahora la justicia, con la firma de los jueces María Dora González y Víctor Pesino, desarmó la jugada y complicó al ex funcionario en el marco de la causa penal que se le sigue por el asunto.
Según consignaron los abogados laboralistas al momento de la resolución de Aparicio, el secretario no tenía facultades para revocar lo dispuesto por la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, atributo que sólo le compete al ministro de Producción y Trabajo. Por eso habían avanzado en una denuncia por penal que ahora tomará impulso.
Le imputan a Aparicio ser co-autor ideológico del accionar ilícito -junto a Adolfo Alberto Saglio Zamudio, miembro de su Secretaría- de una asociación ilícita para promover la intervención del gremio y perpetuar la de la Obra Social O.S.P.I.A. cuya regularización es negada sistemáticamente por la Superintendencia de Salud de la Nación.
La acusación contra el funcionario expone que tomó la decisión de revocar las autoridades «sin siquiera tener en su poder el expediente administrativo de la Federación, sin tener conocimiento de las denuncias penales arribadas a los impugnantes, sin fundamentos y sustento jurídico alguno, sin conocer las causa, sin competencia para efectuarlo, sin respetar los plazos administrativos, y con una finalidad manifiestamente ilícita».