El ministro de Trabajo, Aníbal A. Brugna, lamentó la noticia y afirmó: «Es hora de que comprendamos que sólo los niños que se eduquen estarán en igualdad de oportunidades el día de mañana».
El funcionario señaló que «el niño que trabaja llega a la edad adulta sin la preparación necesaria para acceder a ocupaciones calificadas, circunstancia que le impide modificar su situación de precariedad», y eso «perpetúa el círculo vicioso de la pobreza”.
Poder condenar penalmente a los responsables de la explotación infantil «constituye un paso importantísimo y se ubica en sintonía con la lucha que se está impulsando a nivel nacional y provincial para erradicar la problemática de una vez por todas», afirmó.
«Ya no hay lugar para especulaciones o justificaciones culturales: el trabajo infantil es un delito penal», advirtió el ministro y acotó que se trata de «un problema histórico en nuestro país, una problemática que en décadas pasadas casi no tenía condena social y paradójicamente, era considerada parte de la cultura».