El aislamiento social preventivo y obligatorio redundó en una gran cantidad de actividades en la implementación masiva del teletrabajo. Tanto en el sector público como en el sector privado cientos de miles de trabajadores pasaron a cumplir, total o parcialmente, sus tareas laborales en sus hogares. Sin regulación y, muchas veces, sin las condiciones tecnológicas adecuadas para hacerlo.
Por ello y ante la presión social que se mecía sobre la Suprema Corte para que, al menos parcialmente, funcione la Justicia, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) firmó un convenio que establece un piso de derechos para los empleados del sector que accedan a teletrabajar mientras dure la cuarentena.
«La voluntariedad era una condición imprescindible para poder firmar el acuerdo», le dijo Pablo Abramovich, secretario General de la AJB a InfoGremiales. «Es lo que nos permite poner algún limite a la imposición del teletrabajo en un universo de trabajadores que no cuentan con las condiciones para hacerlo», explicó.
«El que vive en un ambiente o dos ambientes con varias personas más es imposible que pueda teletrabajar», argumentó Abramovich.
La aceptación del teletrabajo no es definitiva. Según el convenio rubricado en cualquier momento el trabajador tiene la posibilidad de volver a la condición presencial. «El concepto de revocabilidad es complementario al de voluntariedad. Con manifestarlo con un plazo de 5 días de anticipación se puede cambiar la condición», remarcó el dirigente.
«En el poder judicial es cierto que hay muchas tareas que se podrían hacer por teletrabajo. Nosotros como organización sindical no estamos de acuerdo en general con la modalidad, pero en este contexto sirve para priorizar que la gente no vaya a trabajar, por eso el convenio rige hasta que termine el aislamiento», repasó Abramovich.
En lo que son cláusulas pioneras para la modalidad a distancia, la AJB pactó un capítulo de derechos sindicales de los empleados. «Incluimos un capítulo que tiene que ver con los derechos sindicales. A través del mismo sistema con el que se conectan los compañeros y compañeras, se puede remitir información al sindicato y desde el sindicato a los trabajadores para alertarse sobre cómo se desarrolla la jornada laboral. Además el gremio va a tener acceso al control de las conexionas para saber en qué horarios y cuánto tiempo la gente se conecta. Es una manera de controlar que no haya abusos», sostuvo el gremialista.
El acuerdo ya llamó la atención de muchos dirigentes y sindicatos del ámbito público que lo toman como modelo a seguir. «Recibimos muchas consultas de compañeros y compañeras de gremios estatales a los que les impusieron la modalidad de teletrabajo, sin ningún tipo de restricción y sin equipamiento adecuado. En algunos casos hasta remitiendoles expedientes en papel a sus casas», contó Abramovich. «Nos plantearon que este acuerdo era una gran herramienta para discutir con las reparticiones del Estado como se regula esto».
Abramovich no descarta que la Corte busque sostener la modalidad a futuro: «Puede ser una iniciativa de la patronal después de la emergencia». Pero según su visión «para los trabajadores no es un paso adelante, sino que es un retroceso en términos de condiciones de trabajo. En lo inmediato puede tener muchas cuestiones que parezcan beneficios pero en los hechos tiene serias consecuencias en la jornada laboral y en la posibilidad de organizarse sindicalmente».
«Queremos salir de este proceso con una consciencia de que esta modalidad como trabajadores no nos conviene», concluyó.