«La idea es que las personas se vinculen con el trabajo en emprendimientos públicos y privados locales, de acuerdo con las necesidades de cada comunidad y que sirva para formalizar ese hacer», explicó hoy en diálogo telefónico con Télam, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, quien cumple su tercer día de aislamiento estricto, luego de la confirmación de que había contraído coronavirus el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, con quien se había reunido la semana pasada.
La idea es que Potenciar Trabajo, una fusión de los programas «Hacemos Futuro» y «Salario Social Complementario», llegue a unos 580 mil trabajadores y trabajadoras, pero en una primera etapa tendrá por objetivo darle «oportunidades» a unas 300 mil personas, que hoy cobran subsidios y que, en caso de sumarse a obras o unidades productivas y trabajen más de 4 horas diarias, podrán cobrar el equivalente a un salario mínimo vital y móvil.
«Todo dependerá de la apertura de la actividad económica en cada región, provincia y localidad; por eso empezamos por los lugares donde hay mayores posibilidades actualmente, en el contexto de la pandemia de coronavirus», explicó Arroyo, quien advirtió que de las seis provincias elegidas para los primeros proyectos, Santa Fe está en una etapa inicial y San Juan, próxima a firmar el convenio.
Arroyo puntualizó que la propuesta está pensada para quienes cobraban un subsidio, recibían alguna capacitación y, en paralelo, hacían changas por su cuenta. Ahora ese universo de personas «bajó a cero su ingreso» y con Potenciar Trabajo podrán ser parte de una unidad de gestión y de proyectos de pequeña escala para reformar su barrio o sus propias casas.
La aplicación en el conurbano, un área clave, «será más lenta» por el aislamiento obligatorio más estricto vigente y el distanciamiento necesario para encarar los proyectos, pero Arroyo confió en que podrá realizarse «algunas obras de muy pequeña escala» hasta que se supere la pandemia y anticipó que el próximo destino de los programas serán las provincias de la Patagonia.
Potenciar Trabajo consiste en la creación de unidades productivas para desarrollar iniciativas individuales, colectivas, urbanas y rurales, que recibirán subsidios y podrán acceder a créditos no bancarios a tasas bajas para la compra de máquinas, herramientas, insumos, bienes de capital y un «ingreso protegido».
Pequeñas obras de infraestructura local, en coordinación con provincias y municipios, producción de alimentos y desarrollo del comercio popular, impulso a emprendimientos cooperativos textiles, economía del cuidado y recolección y reciclado de residuos urbanos son las 5 formas de involucrarse en el programa Potenciar Trabajo.
«Son fuentes de generación de empleo inclusivo porque mejoran las condiciones laborales muchas veces insalubres e indignas de los trabajadores», explicó.
Otro punto considerado esencial para el Ministerio de Desarrollo es la confección -ya iniciada- del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (ReNaTEP), que busca «reconocer, formalizar y garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras» más vulnerables.
A partir de su inclusión en ese registro podrán «acceder a herramientas para potenciar su trabajo, como seguridad social, capacitación, redes de comercialización, créditos y mecanismos de inclusión financiera».
Uno de los eslabones del plan global que impulsa Desarrollo Social se dará a través de los municipios, que aportarán «bancos de máquinas, herramientas e insumos» para dar sostén a los trabajadores que se embarquen en obras locales, como restauración de plazas, parques, escuelas, hospitales y salas de atención primaria de la salud.
Las empresas recuperadas son otra pata fundamental de las políticas del gobierno, que, a través del Programa Recuperar, se establece una línea de asistencia específica «con financiamiento no bancario a una tasa de interés del 3 por ciento anual» para la compra de máquinas, herramientas o bienes de capital.
Incluye también subsidios (no reembolsables) para empresas en proceso de recuperación o que están iniciando su actividad como cooperativa, para las que necesiten volver a ponerse en funcionamiento o para capacitación de los cooperativistas.
«Ese sector no sólo promociona el desarrollo económico sino también la inclusión social», aseguró Arroyo, quien apuntó que actualmente existen unas 400 cooperativas que generan 18 mil puestos de trabajo en forma directa.
Hasta el momento, 70 proyectos están en proceso en el marco del Programa Recuperar.
Por otra parte, la Comisión Nacional de Microcréditos (Conami) puso en marcha un fondo de microcrédito que, a través de gobiernos provinciales y municipales, ofrece financiamiento para Proyectos Integrales de Desarrollo Territorial.
«El objetivo es vincular producción y consumo solidario para financiar la compra de máquinas, herramientas e insumos para la producción de la economía popular», explicaron voceros de la cartera.
Las tasas de esos microcréditos también son al 3 por ciento anual, con la idea de que sirvan «rápidamente para el desendeudamiento» y la necesidad de «darle volumen a las finanzas solidarias», completaron.