La reunión fue encabezada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y participaron la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, y los ministros de Economía, Martín Guzmán; Trabajo, Claudio Moroni; y Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. También estuvieron el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, y la titular de la Anses, Mercedes Marcó del Pont.
Sobre el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), los funcionarios plantearon cómo reducir las millonarias inyecciones de fondos desde el Estado. Se tuvo en cuenta el importante agujero fiscal provocado por la caída de la recaudación generada por la pandemia.
En este punto, decidieron que se limitará el alcance del subsidio y se avanzará en dos sentidos: se dividirá a las actividades entre sectores críticos y no críticos, y se hará una segunda partición entre zonas según la cuestión epidemiológica, es decir, las que están en fases de ASPO (aislamiento social) o DISPO (distanciamiento social), indicaron fuentes oficiales.
Remarcaron que aún falta definir los números finos y dividir entre montos y tamaños de empresas, pero el fundamento de la idea es que las empresas que ya están produciendo, aunque en escalas reducidas, dejarán de recibir la asistencia del 50% de los salarios de sus trabajadores y pasarían a recibir un porcentaje menor.
Por el contrario, las empresas que están en zonas donde aún no se abrió la producción o pertenecen a sectores que tienen la orden de no funcionar, como es el caso de hotelería y turismo, seguirán recibiendo la ayuda del Estado para pagar el 50% de los salarios.
Sin embargo, se agregó una cláusula más: las empresas con más de 800 trabajadores no serán asistidas por el ATP, pero sí podrán conseguir créditos del Estado a tasas bajas en pesos para hacer frente al pago de salarios.
En cuanto al IFE, el Gobierno destacó que en solo dos meses se consiguió crear una base de datos de trabajadores que incluye informales y casi sin registros en el sistema de producción de 9 millones de personas.
Daniel Schteingart, quien está al frente del Centro de Estudios de la Producción -órgano a cargo de Kulfas-, participó en la reunión tras haber presentado un informe que dice que el Estado asiste económicamente a «9 de cada 10 hogares del país».
De todos modos, no se resolvió si se llevará a cabo una tercera entrega del IFE, correspondiente a junio.
Funcionarios consultados por la agencia NA también fueron terminantes al remarcar que el Estado «no tiene previsto asistir en el pago de aguinaldos», algo que viene siendo reclamado sobre todo por el sector pyme del comercio y la industria.
«Creemos que en este momento es más importante asistir en el pago de salarios y dar créditos a quienes necesiten capital para reactivar la producción», explicaron.
Es por eso que también se está pensando ampliar los créditos a tasa de 24% que entregan los bancos con garantía del Estado, y diagramar otros dos préstamos para pymes y cooperativas, cuya tasa podría ser incluso menor, del 18% en pesos.