«Vemos con satisfacción esta decisión política, mas aún en el marco de la pandemia en la que obviamente se visibilizó el grado de extrema vulnerabilidad que tenemos, no solo en La Pampa sino en todo el país y es por eso que venimos reclamando desde hace muchos años igualdad e inclusión desde todos los rincones», dijo a Télam Ángeles Zúñiga, que se define como «binaria y militante social», es estudiante de Derecho en la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) y referente del Colectivo LGBT.
La decisión del municipio de Santa Rosa está siendo acompañada por el Gobierno de la provincia y la UNLPam, cada uno desde su órbita de competencia, que también avanzan en la implementación de políticas activas que permitan el ingreso de personas de estos colectivos a un empleo formal, en un marco de inclusión y equidad.
«La ampliación de derechos avanza con voluntad política y hoy damos un paso más para concretar la inclusión laboral para personas trans», coincidió la directora municipal de Políticas de Género y Diversidad, Gabriela Bonavitta, en diálogo con Télam.
La funcionaria destacó, además, que la actual gestión lleva adelante «acciones concretas como ampliar el nombre y alcance del organismo a mi cargo para nombrar y trabajar para la diversidad, aumentar un 308% el presupuesto de esta dirección y materializar la oportunidad de que integrantes del colectivo trans, puedan acceder a un trabajo formal».
En la Argentina, tras la lucha en las calles que durante años dieron los movimientos LGTBI, a fin de visibilizar las distintas problemáticas que los atraviesan y para que se reconocieran sus derechos, se aprobó la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, pero la realidad indica que la igualdad ante la ley no implica igualdad ante la vida.
Es por eso que las personas transgénero, transexuales y travestis, aún están muy lejos de acceder a la salud, a la educación y mucho menos tienen accesibilidad laboral, un derecho que les permita construir desde su historia personal, una vida con dignidad.
Sin duda alguna que el contexto de pandemia por coronavirus que vive el país, con las medidas de restricción y aislamiento, agudizó la realidad social y económica de miles de personas que son parte de estos colectivos.
De hecho, de acuerdo a los últimos datos proporcionados por la Fundación Huésped, solo accede en un 18 por ciento a trabajos formales en la Argentina, mientras la gran mayoría se ve empujada a ejercer la prostitución, como único medio de supervivencia.
En La Pampa, se estima que esta problemática alcanza a un población de más de 70 mil personas y es a ellas a quienes apunta la ciudad de Santa Rosa a través de su municipio, que resolvió reglamentar y dar cumplimiento efectivo a la ordenanza 5643/17 de inclusión y equidad de oportunidad laboral para personas travestis, transexuales y transgénero.
No es solo una firma, son acciones concretas: desde el miércoles pasado y durante todo el mes de julio, estarán recibiendo currículums de quienes quieran acceder a esta posibilidad laboral.
«La pandemia ha golpeado a nuestro colectivo -retomó la estudiante de Derecho Angeles Zúñiga-, y si bien hemos tenido ayuda con programas que se llevan adelante en la provincia y también de la Nación, la posibilidad concreta de tener un trabajo es más que una buena noticia, porque nos dignifica y nos saca de una realidad muy dura porque la gran mayoría, yo diría un 90 por ciento, sobrevivimos por el ejercicio de la prostitución».
La referente LGBT calificó la decisión como «un paso importante, porque es desde el Estado, desde donde deben venir las políticas que además concienticen al sector privado que hoy no abre sus puertas a integrantes de nuestros colectivos y es necesario que ello suceda, porque tenemos derecho a trabajar en lo que nos gusta, no sólo en órbitas del estado».
Para Zúñiga, «la posibilidad de acceder a un trabajo es una asignatura pendiente, una deuda del Estado», explicó. Por eso, remarcó el peso de este tipo de decisiones: «Sabemos que es un proceso que se tiene que ir consolidando para dejar atrás esta estructura cultural discriminatoria, yo diría que es una reparación histórica, porque la democracia llegó a la Argentina, volvió para todos pero no para nosotras, porque nos siguen criminalizando y golpeando nuestros cuerpos con códigos contravencionales».
Por último, sobre el cupo laboral del uno por ciento que establece la ordenanza municipal, para quienes integran el colectivo trans, Ángeles sostuvo: «Es un techo, pero tenemos que pasar al paradigma de la inclusión laboral, que implica un concepto mucho mas amplio», concluyó.