Él era municipal y violentaba a su ex pareja. La maltrataba de muchas formas hasta la amenazó de muerte con una cuchilla en la mano frente a testigos, entonces la justicia finalmente lo condenó. Ahora, gracias a la «ley Micaela» (de capacitación obligatoria en género y violencia para trabajadores públicos) le dieron a ella su puesto de trabajo a modo de reparación por el daño que le causó y porque al estar encarcelado deja sin sustento a su hija.
Eran vecinos, empezaron una relación basada en la supuesta protección que le ofreció él frente a su primer pareja que la violentaba psicológicamente con celos paranoicos. Valeria Juarez quedó embarazada pero no se sentía cómoda con la situación, recién se estaban conociendo, ella ya tenía dos hijos pero tampoco quiso abortar: «Me habían enseñado que eso era algo terrorífico», lamenta en diálogo con Infobae.
A los cinco meses de gestación, Héctor Mendoza la violenta por primera vez. La primera vez que él uso un cuchillo de serrucho para amenazarla entonces se animó y lo denunció. Con perimetral y todo él la golpeaba en la puerta de su casa, le rompía cosas, la insultaba, le rompió el auto a un amigo de ella. La ayudó empezar terapia y cuando se fortaleció lo suficiente empezó a militar en la Corriente Clasista Combativa que la acompañó en el proceso. A sus 3 años, la hija no lo quiso ver más y ella empezó los trámites para pedir que no la obliguen a revincularse con el violento. Cuando lo logró todo empeoró y entonces llegó la amenaza final que lo metió en la cárcel.
Según consignó Infobae de la denuncia surge que Mendoza llegó con un cuchillo de unos 20 centímetros y exigió que le entregara a su hija. Los otros adultos presenten trataron de calmarlo pero Valeria los convenció de que salieran de la casa. Mendoza le puso el cuchillo en la garganta pero no la mató, la soltó y se fue. Hubo tantos testigos que contaron lo que había pasado que en febrero de este año lo condenaron, aunque sólo a dos años de prisión. Valeria, automáticamente, dejó de cobrar la cuota alimentaria y se quedó sin ningún ingreso.
A raíz de la condena, la municipalidad en la que él trabajaba le ofreció a ella el puesto que Mendoza ocupaba. Apelaron a una ordenanza que ofrece la posibilidad a las sobrevivientes de violencia que convivían o dependían económicamente de sus agresores de ocupar el cargo vacante que dejaron ellos al ser exonerados del empleo.