El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, envió a juicio a parte de la cúpula del Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y Minoridad (Soeme) por el desvío de más de 500 millones de pesos y lavado de activos, se informó oficialmente.
La resolución se produjo de manera parcial, ya que no incluye a su exsecretario general Marcelo Balcedo y su pareja Paola Fiege, respecto de quienes se requirió su extradición desde el Uruguay, según reveló el sitio web oficial fiscales.gob.ar.
La decisión del Juzgado Federal Nº3 de La Plata alcanza a diez personas e incluye también los delitos de asociación ilícita, administración fraudulenta y encubrimiento.
El fiscal federal Guillermo Ferrara y los cotitulares de la procuraduría especializada Mario Villar y Laura Roteta habían postulado esa decisión en septiembre de este año, luego de considerar que el sindicato “fue manejado entre familiares y amigos que se enriquecieron personalmente” en perjuicio de la entidad.
Según destacaron, se acreditó «la existencia de una asociación ilícita en el seno del Soeme, la administración fraudulenta (desvío) de más de 500 millones de pesos entre 2012 y 2018 y maniobras de lavado de activos».
En el requerimiento de elevación a juicio advirtieron que “el sindicato fue manejado entre familiares y amigos que se enriquecieron personalmente a costa de dichas irregularidades y desvíos que, por supuesto, perjudicaron al sindicato como institución”.
Durante el transcurso de la etapa de instrucción brindaron colaboración la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, a cargo de Carmen Chena, y la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional, a cargo de Diego Solernó, que integran la estructura de la Procuración General de la Nación.
Las maniobras investigadas en el marco de esta causa habrían ocurrido en el ámbito y con el abuso de la estructura del Soeme, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 4 de enero de 2018.
No obstante, el requerimiento del Ministerio Público Fiscal resaltaba que para comprender los hechos “es clave tener presente que previo a ocupar Marcelo Balcedo el cargo de secretario general lo hizo, hasta su fallecimiento, su padre Antonio».
Por pedido del Ministerio Público Fiscal se requirió a la República Oriental del Uruguay la extradición de Balcedo y Fiege para que se les reciba declaración indagatoria.
La petición fue concedida por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de 4° Turno de la Ciudad de Montevideo.
Sin embargo, la medida se suspendió hasta que concluya la causa que se les sigue en el vecino país -donde están detenidos desde enero de 2018- y se encuentra pendiente de cumplimiento.