El titular del Sindicato Obreros Curtidores (SOC) y diputado nacional por el Frente de Todos (FdT), Walter Correa, presentó ayer un proyecto de ley para que se declare «de interés público y social el proceso de recuperación de empresas por sus trabajadores», y sostuvo que «las particularidades en cada actividad se regirán por la negociación colectiva».
Correa sostuvo en la iniciativa que «las empresas recuperadas podrán funcionar como cooperativas de trabajo (aun en trámite), sociedades laborales u otras formas asociativas», y explicó que el fin es «laboralizar» la figura de esas firmas.
Correa y el secretario de Prensa del gremio, Luis Sind, señalaron a Télam que el proyecto promueve «la equidad de género en el ámbito laboral desde su concepción»; garantiza un piso de derechos individuales a mejorar por los convenios colectivos, cobertura de riesgos del trabajo, seguridad e higiene, licencias, feriados y días no laborables.
También garantiza jornada de trabajo, tareas femeninas y protección de la maternidad, accidentes y enfermedades inculpables y las invenciones y descubrimientos; derecho de afiliación, de reunión y acción sindical, participación en la vida interna de las organizaciones y posibilidad de elegir y ser elegido.
«La ley promueve la inclusión en las mesas paritarias. La representación sindical la ejercerá el gremio de la actividad principal de la empresa, y se garantiza el acceso al sistema previsional, la cobertura de obra social y por desempleo y riesgos laborales y las asignaciones familiares. También podrán firmar convenios con otras obras sociales y de corresponsabilidad gremial y constituir un fondo compensador jubilatorio», señalaron.
La iniciativa genera comités mixtos de seguridad, salud e higiene con delegados de prevención en firmas de más de 30 empleados, y crea en el Ministerio de Trabajo la Comisión Nacional de Conservación del Trabajo para determinar un registro de empresas recuperadas, administrar su fondo especial, intervenir en conflictos y en instancias previstas por la norma de concursos y quiebras y ofrecer asistencia técnico-económica.
La Comisión tendrá un Consejo Asesor que integrarán las Federaciones del sector, la CGT, las carteras de Desarrollo Productivo y Desarrollo Social, el Inaes y la AFIP.
«Las empresas inscriptas accederán a asistencia técnica, jurídica y acompañamiento estatal, a la preferencia como proveedores del Estado, a líneas de crédito y programa de fomento, tratamiento fiscal diferenciado, capacitaciones y asistencia comercial», dijeron.
Las empresas recuperadas estarán libres de toda tasa, impuesto, sellado y arancel para adquisición y transferencia de bienes de la firma fallida, y podrán firmar convenios de cooperación con Gobiernos provinciales, municipales y gremios.
Además se introducen cambios en el régimen de concursos y quiebras para favorecer «la continuidad y subsistencia de las empresas en crisis por parte de los trabajadores a través de cooperativas, parea conservar los empleos y generar trabajo», indicaron los dirigentes.
Los bienes de la empresa fallida se entregarán en comodato al personal, por lo que no deberá abonar canon/alquiler alguno. Para conformar una cooperativa solo serán necesarios 10 trabajadores de la compañía fallida. El proyecto establece un sistema de adquisición de bienes de la empresa fallida a favor de los trabajadores a través de la compensación de sus créditos laborales y, si ello no es posible, se suspenderá el trámite de la liquidación de activos de la quiebra e intervendrá el Poder Ejecutivo a través de Trabajo para elevar una propuesta al juzgado.
«El objetivo de los cambios a la norma de concursos y quiebras es que los trabajadores continúen cumpliendo tareas en una cooperativa, sin necesidad de intervención de la sindicatura judicial o de previa autorización del magistrado del proceso», concluyeron.
El gremio de Correa integra la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) en la CGT que lideran el bancario Sergio Palazzo y el gráfico Héctor Amichetti.