La Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) consideró «fundamental» que Edenor, YPF y todos los servicios públicos «estén en manos del Estado o controlados de manera severa», y reclamó hoy a las autoridades nacionales «una exhaustiva investigación de la transacción de la empresa eléctrica al Grupo Manzano-Vila-Filiberti».
Un documento firmado por los secretarios general y adjunto, Ricardo Peidro y Hugo Godoy, y respaldado por una decena de sectores, agrupaciones y entidades, aseguró que en el caso Edenor debe examinarse «lo más conveniente para la Argentina, y no como una transacción privada, que no lo es, porque sin la intervención estatal no es posible hacerla».
«La venta de la mayoría del paquete accionario de Edenor es una excelente oportunidad para el Estado de reordenar el sector eléctrico, que es un insumo estratégico para la población y las industrias; su precio influye en la competitividad y, para el ciudadano, su valor afecta el nivel de vida colectivo, al igual que sus costos», señaló el documento.
Para el sector, la Argentina puede autoabastecerse en energía y, Edenor, es la empresa más grande; fue dada en concesión por el menemismo y exige «un indispensable reacomodamiento, que depende de la mirada política sobre la visión de una Nación industrial y con energía barata», por lo que reclamó su «inmediata recuperación».
«La transacción que se intenta depende de la aprobación del Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE). Hay que avanzar en el control público del sector para resolver la fragmentación y anarquía propia de la privatización, y traspasar YPF también», afirmó.
El holding de Marcelo Mindlin (Pampa Energía) procura transferir Edenor a aquel grupo empresario en 100 millones de dólares, que se abonarían en dos cuotas de 60 y 40 millones cuando se oficialice la venta y dentro de un año, pero depende de Economía.
«El valor de venta está muy debajo de la cotización de mercado para una firma con casi 3 millones de usuarios. El grupo se quedaría con el 51,8 por ciento de la mayor distribuidora eléctrica y con el control de la actividad y sus utilidades, ocultas hoy en divisas extranjerizadas. Ello se realiza con la compra de materiales en el exterior, siempre con sobreprecios, lo que facilita ganancias en dólares no contabilizados», remarcó.
Para el espacio, ello «pauperiza» a la Argentina y «alienta la desindustrialización» para mejorar «sus negocios privados, además de obtener balances deficitarios, justificados con los perpetuos aumentos de tarifas, con importantes ganancias extracontables en divisas».
«La Anses debe aumentar su participación accionaria en Edenor para ponerla al servicio de los intereses nacionales. Hay que revisar el funcionamiento de los entes reguladores, cooptados por las concesionarias, y también registrar las irregularidades para poder rescindir los contratos, sin costo alguno para el Estado», señaló el documento.
El sector denunció que «las empresas de servicios desarrollaron un sistema de extracción de riquezas en divisas, que la legislación no castiga, como los sobreprecios de partes importadas sin restricciones por la cancelación de la Ley de Compre Argentino, que debilitó el Gobierno de (Carlos) Menem y derogó el de (Mauricio) Macri», enfatizó.
Además de la CTAA, firmaron el documento el Grupo Bolívar, Unidad Popular, Movimiento Proyecto Sur, Observatorio de la Riqueza, Instituto Peronista, Unidad Peronista Bonaerense, Industriales Pymes Argentinas, Consejo Productivo Nacional, Central de Entidades Empresarias y Corriente 25 de Febrero, entre otros sectores y entidades.