El sindicato de municipales jujeños, que lidera Carlos «Perro» Santillán, denunció que en la provincia obligan a los trabajadores pertenecientes a los grupos de riesgo a cumplir tareas. Los gobierno se desligan y dicen que se trata de agentes «autónomos». Hace poco falleció una trabajadora.
El Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy denunció que «la totalidad de los Municipios y Comisiones Municipales de la Provincia han obligado a que todos los trabajadores y trabajadoras pertenecientes a Grupos de Riesgo continúen cumpliendo tareas».
Para el gremio que lidera Carlos «Perro» Santillán «Esta situación gravísima, además de violar el Decreto Nacional 1033/20 y las Resoluciones 207 y 296, vigentes a la fecha, que suspenden el deber de asistir a trabajo a las personas con Factores de Riesgo, exponen la salud y la vida de miles de trabajadores y puede comprometer seriamente la respuesta del Sistema Sanitario, dado que en caso que estas personas se enfermen, existe mayor probabilidad de que ingresen directamente a las Unidades de Terapia Intensiva (UTI), demandando asistencia crítica».
Quienes componen estos Grupos de riesgos son personas mayores de 60 años, embarazadas, diabéticos, enfermos oncológicos y de corazón, quienes se practican diálisis, inmunodeprimidos, asmáticos, obesos, etc.
Además recordaron que «a comienzos de enero el SEOM Jujuy notificó al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud de la Provincia y posteriormente, a todos los municipios para que cumplan con estas disposiciones, y la única respuesta que recibió es que no lo iban a hacer cumplir porque son autónomos y no había disposiciones del Gobierno Provincial».
Desde el gremio calificaron las respuestas de «irresponsables y criminales» y recordaron que hace poco tiempo Gisela Sanchez, una trabajadora municipal de la localidad de San Pedro de Jujuy, con graves problemas de salud fue obligada a cumplir servicios y falleció por COVID-19.
Remarcaron que «hacen responsables a los funcionarios provinciales y municipales en caso que ocurran más casos como el mencionado, y les recuerdan que el Decreto 1033/20 habilita a iniciar denuncias penales por su incumplimiento».