Se trata de una denuncia promovida por el titular de los peones rurales, José Voytenco, luego de que el juez Alberto Calandrino le permitiera el regreso a Pablo Ansaloni a la Obra Social. Lo acusan de parcialidad y de fraguar un fragmento de un fallo de la Sala III para beneficiar a Ansaloni. Piden su enjuiciamiento.
La interna de los peones rurales escaló y se coló de lleno en el Poder Judicial. Es que el titular de la UATRE, José Voytenco, presentó una denuncia contra el juez Alberto Calandrino y pidió su enjuiciamiento por considerarlo parcial en el tratamiento del conflicto que lo enfrenta al diputado nacional Pablo Ansaloni.
Vale recordar que un fallo de Calandrino le permitió a Ansaloni volver al edificio de la Obra Social, Osprera, luego de que había sido denunciado como presunto líder de una asociación ilícita que, en dos años, se había llevado más de 10.5 millones de pesos de la institución.
Además, una vez en el lugar, a través de las cámaras de seguridad se pudo observar como allegados a Ansaloni, incluido su secretario privado, se llevaban los televisores que se habían instalado en el edificio.
Esos hechos terminaron de colmar la paciencia del dirigente gremial. En la denuncia, a la que tuvo acceso InfoGremiales, se detallan anomalías en el accionar y se acusa Calandrino de no dirigir el proceso conforme las reglas procesales. Entre otras cosas se señala que le pidió el cumplimiento de una medida cautelar a una persona jurídica que no es parte del juicio y le ordenó la reincorporación a un actor que no había apelado.
Además relatan que el 2 de marzo los actores piden una aclaración, que en términos reales fue una ampliación de la sentencia de la Sala III y el mismo día el Juzgado resuelve rechazar la peticionada por Voytenco, pero minutos más tarde «cambia de opinión y emite una supuesta ‘aclaración'» ante el pedido de Ansaloni.
«Este hecho, por sí solo, fundamenta la remoción del magistrado del poder judicial por mal desempeño en sus funciones. En este sentido, la sola sospecha de proveer solo las peticiones efectuadas por la parte actora revelaría un intolerable apartamiento de la misión confiada al Dr. Calandrino en su función de juez y una denegación de justicia intolerable teniendo obligación de fallar», dice el escrito.
Además acusan al juez de hacerle decir algo a un fallo de la Sala III que no dijo utilizando, para eso, un fragmento de una sentencia con palabras cambiadas.
«Los antecedentes que aquí hemos expuesto sobre la labor judicial del Dr. Calandrino generan la necesidad de remover al magistrado de su cargo. Sólo así se podrá asegurar que el poder judicial, pilar fundamental del sistema democrático, se encuentre compuesto por personas que posean la idoneidad ética y moral», añade la denuncia.
Y cierra: «La composición del poder judicial tiene una directa relación con la calidad de nuestra democracia y, por ello, el Consejo de la Magistratura debe jugar un rol protagónico en la construcción de un poder judicial exento de cuestionamientos tan graves como los aquí descriptos».
Por último, este no es el único problema de Calandrino. Es que días atrás dio positivo de Covid-19 y desde el gremio de judiciales lo acusan de no haber respetado los protocolos.
De hecho, en la denuncia que le presentaron a la Presidenta de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, señalan que Caandrino declaró haber visto a 4 trabajadores del Poder Judicial cuando se comprobó que, por lo menos, citó a 8.
Esa situación privó a varios de los empleados del Poder Judicial de poder aislarse y cuidarse a ellos mismos y sus compañeros de trabajo ante la exposición a un contacto estrecho.