El número dos de Camioneros, Pablo Moyano, profundiza su embestida contra su cuñado y titular de la AFA, «Chiqui» Tapia. Luego de la frustrada movilización a Viamonte se reunió con Tinelli y hablaron de la chance concreta de un cambio de manos en el organismo que maneja el fútbol Argentino.
El secretario Adjunto de Camioneros y Presidente del Club Camioneros, Pablo Moyano, no cede en la pelea que lo tiene enfrentado con su cuñado Claudio «Chiqui» Tapia. De hecho, ya teje pensando en la chance concreta de correrlo de la titularidad de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).
Por ello en las últimas horas mantuvo una reunión con Marcelo Tinelli, Presidente de la Liga profesional de Fútbol y Presidente (de licencia) de San Lorenzo. Allí, según trascendió, hablaron de la situación del Fútbol Argentino y de la actualidad.
Tinelli es uno de los nombres que suena con fuerza para reemplazar a Tapia al frente de la AFA, en medio de los problemas judiciales y legales que tiene jaqueado al Presidente de Barracas Central.
Tapia llegó a la AFA de la mano de Hugo Moyano, pero pronto se recostó sobre Daniel Angelici y en otros dirigentes.
De hecho el quiebre fue tan importante que la semana pasada Pablo lo calificó de Macrista y anunció una movilización para repudiarlo. Más tarde la suspendió por los cuidados sanitarios, pero advirtió que ya llegaría el momento de hacerla.
«Chiqui» Tapia, es nada menos que el marido de Paola Moyano, hija y hermana de la dirigencia camionera, con quien tiene 4 hijos.
Las impugnaciones a la reelección de Tapia que lo dejan en la cuerda floja
Vale recordar que la impugnación de la reelección de Tapia como presidente de la AFA, presentada por los clubes Nueva Chicago y San Martín de Tucumán, permanece en pleno proceso de investigación.
De hecho desde la Inspección General de Justicia (IGJ) esperan que el juzgado Civil de la Capital Federal emita un dictamen sobre la legitimidad o no de Claudio Tapia al frente de la AFA.
Mientras tanto, la Justicia federal avanzó en una causa en la que se investigan irregularidades en los contratos que Tapia firmó con su amigo Carlos Varela para otorgarle los derechos digitales de la AFA y con Guillermo Tofoni, a quien le cedió los derechos para organizar partidos amistosos de la Selección y los centros deportivos de entrenamientos.
Además, diputados de Juntos por el Cambio siguen insistiendo para que Tapia declare en el Congreso: «No puede ser que la AFA firme contratos millonarios y los clubes sigan siendo pobres», resumió Graciela Ocaña, una de las precursoras de la citación del «Chiqui».
La presidencia de Tapia está objetada por dos vías: un expediente administrativo ante la IGJ y la causa civil 31656/2020, que tramita ante el juzgado número 59, a cargo de la magistrada Callegari.
En ambos frentes, el cuestionamiento es similar: Tapia fue reelecto en una asamblea virtual, debido a las restricciones impuestas por la pandemia, pero ese acto –según los denunciantes- no respetó los estatutos de la casa mayor del fútbol.
Las dos actuaciones avanzaron en forma paralela hasta que el 11 de junio, San Martín de Tucumán se presentó ante el juzgado civil advirtiendo que «se encuentra abierta y por lo tanto no agotada la instancia administrativa previa», es decir el expediente en la IGJ.
En ese contexto, el club tucumano (representado por el abogado Gonzalo Nahuel Masot) pidió «la suspensión de los términos procesales de la causa presente, ello a las resultas del dictado del acto administrativo definitivo por parte de la I.G.J».
La jueza hizo lugar el mismo día al planteo y así, la causa judicial quedó supeditada a un pronunciamiento de la IGJ.
Fuentes ligadas a la Inspección General de Justicia le aseguraron a NA que van a esperar el fallo de la Justicia civil para evitar más dilaciones, ya que esperan un resolución en muy corto plazo.
El viernes, el director de Entidades Civiles de la IGJ, Guillermo Echeverría, le envió a la jueza Callegari un pedido para que «se procure, con preferente despacho, una copia certificada de la demanda que origina las actuaciones que tramitan en autos».
En tanto, le pidió que «se efectúe informe sobre el estado procesal de dicha causa, todo ello a los efectos de meritar la prosecución de las denuncias que corren en los trámites».
La jueza Callegari resolvió el lunes pasado ordenar la certificación de la causa ante el pedido de la IGJ y otorgarle un turno para que concurra a retirar una copia del expediente.
La magistrada decidirá sobre el cuestionamiento de la asamblea planteada por San Martín de Tucumán pero, a más tardar en dos semanas, la IGJ decidirá sobre el expediente, identificado con el número 355271/9209272.