Las consultoras de tecnología informática suelen hablar de «help» o «service desk» para referirse a las y los trabajadores de sistemas que brindan soporte a clientes. La jerga en inglés, las oficinas con decoraciones juveniles y los discursos sobre la libertad y el triunfo individual le lavan la cara a las grandes empresas de IT que esconden lo que algunos informáticos empiezan a denunciar: precarización, explotación y prácticas antisindicales que les impiden defenderse en forma organizada.
La Asociación Gremial de Computación (AGC – Trabajadores informáticos) publicó una nota en su web en la que relata el fondo y la forma en la que en las grandes empresas de IT hay «miles de pibes de sistemas atados a métricas imposibles, ritmos de trabajo cada vez más elevados y precarización laboral como norma.»
Se suelen prometer buenos salarios y buenas condiciones laborales pero en realidad se trataría de «un universo extremadamente rentable, muy poco regulado y con condiciones pésimas de trabajo.»
Los precarios salarios arrancan entre los 30 y 40 mil pesos mensuales y para cubrir los puestos laborales suelen buscar a jóvenes que quieran entrar al mundillo de Sistemas. Según detalla la AGC «se les exige estar sentados atendiendo el teléfono sin pausa, con cortes monitoreados para ir al baño, resolviendo toda problemática de sistemas con poco o ningún entrenamiento profesional.»
Y el seguimiento es casi militar: «Cualquier ruptura en los protocolos – de atención al cliente, de privacidad, de seguridad informática – es responsabilidad de cada ‘agente’ y motiva sanciones. Los entrenamientos para estas situaciones suelen reducirse a una presentación de 10 minutos y el resto corre por cuenta propia, lo que termina en que un trabajador inexperimentado sobrevive casi exclusivamente gracias a la solidaridad de sus compañeros.»
Otro método es ponerlos a competir entre ellos: «reciben beneficios irrisorios si ‘ganan’ y sanciones desproporcionadas si ‘pierden’»
La presión horaria es salvaje y fuerza a las y los trabajadores a perder horas de descanso, almuerzo o capacitaciones necesarias para su tarea, por lo que se suman horas extra y se dificulta o imposibilita directamente la posibilidad de recibir educación formal.
«La doble tercerización impide cualquier desarrollo profesional y educativo. Esto se debe a que los proyectos se terminan y la empresa ‘reasigna’ a los trabajadores, lo que ocasiona que muchos terminen despedidos bajo el artículo 247 de la LCT, con media indemnización y un laberinto de responsabilidades civiles para reclamar.», explican.
Las empresas, mientras tanto, facturan entre 800 y 1000 dólares mensuales, 1500 si el trabajador es bilingüe, 2000 cuando acumula antigüedad y habilidad técnica. El agente recibe a cambio un promedio de 50.000 pesos mensuales.
«Así, sin capacitarse y con escasas posibilidades de ingresar a esquemas de educación formal, los trabajadores tienen dos posibilidades: perder antigüedad y empezar de nuevo con otro empleador, o eternizarse en posiciones que -como está abundantemente demostrado- generan niveles altísimos de burnout y problemáticas físicas y psicológicas.», lo que se conoce comunmente como terminar «quemado», extenuado.
Toda esta estructura de explotación y precarización se sostiene con dos apoyos: el discurso liberal del éxito individualista y las prácticas antisindicales bajadas por las empresas que aterrorizan a quienes levantan la voz para reclamar frente a injusticias: «se prohíbe a los trabajadores discutir sus esquemas de horas extra, salariales o de compensación de francos. Se les recompensa por denunciar compañeros que se niegan a ‘ponerse la camiseta’ y se organizan líneas directas para denunciar inconductas (en la jerga, ‘brechas de compliance’), que pueden incluir desde comentarle a un compañero que se cobró mal hasta un problema de seguridad informática.» Incitan al buchoneo, como en las peores épocas.
«Sostenemos que la organización de los trabajadores puede resolver esta problemática, regularizando los salarios de los trabajadores, buscando métricas de desempeño que contemplen tanto la necesidad de competitividad en un mercado global como los derechos de los trabajadores, y la construcción de planes de formación y capacitación que permitan un genuino desarrollo profesional y personal de los trabajadores de la industria.», concluyen desde la AGC.