El gremio de municipales jujeños que lidera Carlos «Perro» Santillán denunció que un delegado gremial fue detenido sin orden judicial, en horario nocturno y en la vía pública. Además sostuvo que hay más de cinco mil trabajadores y trabajadoras municipales que cobran entre 12 mil y 17 mil pesos mensuales.
Integrantes del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (Seom) de Jujuy protestaron frente a una dependencia policial de la capital jujeña para exigir la «inmediata» liberación de un delegado detenido el pasado viernes, y denunciaron que el Gobierno provincial «continua la persecución» contra el gremio.
El espacio que encabeza Carlos «Perro» Santillán reveló que el delegado sindical, Sergio Herrera, sigue detenido «sin justificación», tras una manifestación que realizaron los gremialistas la semana pasada en reclamo de reapertura de paritarias.
Durante el reclamo intentaron ingresar a la Casa de Gobierno, por lo que se generó una escaramuza con policías que custodiaban el edificio.
Herrera fue aprehendido después «sin orden judicial, en horario nocturno y en la vía pública; estuvo desaparecido durante 12 horas bajo la custodia de agentes de la Brigada de Investigaciones Especiales, tal como sucedía durante la dictadura militar», denunciaron sus compañeros.
En ese marco informaron que durante el fin de semana la Justicia de Jujuy «dio a conocer la orden de detención para el compañero Álvaro Sandoval, secretario de Prensa y Propaganda del sindicato de los municipales de la provincia».
«Esta avanzada judicial representa el recrudecimiento de la criminalización de la protesta sindical por parte del Gobierno de Gerardo Morales hacia el Seom Jujuy», indicaron.
Los dirigentes fueron acusados por el Gobierno de Jujuy «a través de una campaña mediática exagerada y difamatoria, por los sucesos ocurridos en la entrada de Casa de Gobierno», dijeron.
Aclararon que el Seom, «pretendía entregar un petitorio sobre las paritarias salariales», por lo que se produjo, «un forcejeo menor con las fuerzas de seguridad y esa fue la excusa para que el Gobierno de Gerardo Morales comenzara una campaña de criminalización sobre nuestro sindicato».
Añadieron que el Ejecutivo jujeño los acusa «ridículamente de querer tomar por asalto la Casa de Gobierno, sin haber mostrado pruebas de heridos o daños», y ello les permitió «iniciar una cacería (persecución, vigilancia y hostigamiento) sobre algunos de los dirigentes que habían participado de la protesta».
El Seom reclama un aumento salarial equivalente a la inflación, para que «los más de cinco mil trabajadores y trabajadoras municipales que cobran entre 12 mil y 17 mil pesos mensuales cobren el Salario Mínimo Vital y Móvil y que existan paritarias sin imposiciones», señalaron en un comunicado de prensa.