La investigación sobre una supuesta mesa judicial bonaerense orquestada contra sindicalistas durante la gestión de María Eugenia Vidal sumó hoy rechazos y pedidos de explicaciones a la exgobernadora y a la alianza Juntos por el Cambio (JxC), a la vez que empresarios implicados en los hechos empezaron a referirse al tema.
En las últimas horas funcionarios y dirigentes de distintos espacios políticos apuntaron contra la ex gobernadora Vidal, actual diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires, a quien le pidieron «renunciar a su banca».
Entre ellos, el jefe de asesores del Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, sostuvo que el Congreso debe exigirle explicaciones a Vidal porque, dijo, «si en las anteriores causas de espionaje ilegal se quiso establecer que todo era producto del accionar de cuentapropistas, ahora queda claro que eso no existe. En ese video se ve a un ministro que estaba en funciones, a varios funcionarios y a un procurador«, dijo en declaraciones a radio AM750.
En tanto, la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, señaló que quisiera escuchar al expresidente Mauricio Macri, a Vidal y al procurador bonaerense, Julio Conte Grand, «hablando públicamente de qué pasó, qué hicieron, qué opinan» sobre los conceptos del exministro de Trabajo Marcelo Villegas «hablando de la Gestapo y diciendo que eso estaba articulado entre Nación, provincia y municipios».
También el exjefe de Gabinete de la gestión de Daniel Scioli, Alberto Pérez, dijo hoy que Vidal «debería renunciar» a su banca en caso de confirmarse la veracidad del video.
Por otra parte, asociaciones de empresarios de la construcción de La Plata reconocieron en un comunicado haber participado de una reunión encabezada en 2017 por Villegas y funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que se llevó a cabo en la sede porteña del Banco Provincia, pero dijeron que concurrieron para «abordar la problemática relación» que existía con «quien ejercía la conducción de la Uocra» en la capital provincial, en referencia al sindicalista Juan Pablo «Pata» Medina.
En ese aspecto, el presidente de la Unión Industrial del Gran La Plata, Hugo Timossi, negó responsabilidad por parte de esa entidad en el armado de causas judiciales y aseguró que los empresarios de la construcción desconocían que en la reunión que mantuvieron en 2017 con funcionarios de Vidal hubieran participado agentes de inteligencia.
En tanto, la presidenta del Pro, Patricia Bullrich reconoció en diálogo con Radio Rivadavia que la reunión estuvo «mal» pero insistió en que el dirigente «Pata» Medina es un «chorro, ladrón y mafioso» que «se ha pasado la vida extorsionando a los empresarios de la construcción en La Plata».
Sin embargo, desde distintos sectores expresaron que no se trata únicamente del caso del «Pata» Medina sino de una metodología «sistemática» de persecución a «sindicalistas, dirigentes políticos y organizaciones sociales» perpetrada durante la gestión de Macri.
A su vez, mientras avanza la certificación de la procedencia de los videos, la Justicia bonaerense planteó la «evidente conexidad» de la causa de la mesa judicial bonaerense con la que se tramita en Comodoro Py por supuestas maniobras de espionaje ilegal de la AFI a políticos, funcionarios y dirigentes sociales cuando ese organismo estuvo a cargo de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani durante el Gobierno de Macri.
Esa causa tramita en el juzgado federal 8 de Comodoro Py 2002 a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi.
Por ese motivo, la Cámara Federal de La Plata envió al juez federal de la ciudad de Buenos Aires Marcelo Martínez De Giorgi una denuncia presentada contra Conte Grand y el fiscal Sebastián Scalera, entre otros, por supuestos delitos cometidos en investigaciones contra políticos, sindicalistas y magistrados durante el macrismo.
«Advierto que existe una evidente conexidad entre lo denunciado en la presente causa y lo que se investiga en la causa que lleva Martínez De Giorgi», sostuvo el camarista platense Roberto Lemos Arias.