La ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, aseguró hoy que los operativos que realizan los inspectores de esa cartera para comprobar las condiciones de contratación de las trabajadores de casas particulares apuntan a «verificar que todo el mundo esté correctamente registrado».
Desde octubre pasado, el Gobierno bonaerense lleva adelante operativos de inspección a las administraciones de countries emplazados en territorio provincial, en los que se intimó a presentar registros de ingresos de trabajadoras a fin de corroborar su correcta registración.
Fuentes del Ejecutivo provincial precisaron que la Asociación Civil Barrio Parque Náutico Boating, ubicada en la localidad de Beccar, fue parte del operativo de inspección que hizo el Ministerio en el último tiempo en el que se intimó a sus directivos «a que presenten los registros de ingresos de trabajadoras».
Los voceros detallaron que el 10 de marzo pasado venció el plazo para que presenten esos papeles, por lo cual la cartera laboral bonaerense está en condiciones de infraccionarlo «por obstrucción de la labor de inspección».
En declaraciones formuladas a FM Pilar, la funcionaria explicó hoy que «una de nuestras principales funciones es verificar que todo el mundo esté correctamente registrado ante la Seguridad Social y que se cumpla todo lo que la ley contempla».
«Allí dice que se tiene que cumplir en una relación de trabajo, pero en el caso de las trabajadoras de casas particulares todo esto es muy difícil porque existe el derecho del resguardo del hogar y la propiedad privada», indicó.
En ese marco, explicó que en las últimas semanas se iniciaron inspecciones en distintos barrios cerrados de la provincia y se solicitaron las planillas de ingresos regulares a esos countries, para luego cruzarlos con las bases de datos de la Provincia, con la intención de comprobar «si estas personas que entran a trabajar efectivamente están registradas en la Seguridad Social», detalló.
Y sostuvo que en el caso en que no lo estén, «se solicita a los dueños de hogares presentar una documentación que respalde el vínculo laboral».
«En caso de que el titular del domicilio no cuente con la documentación, o que directamente no responda, ahí nos vemos en la obligación de intimar, sobre todo en este ultimo caso ya que se trata de una falta grave porque está obstruyendo nuestra labor», profundizó Ruiz Malec.
Además, evaluó que «esto además afecta a todos los consorcistas, porque todos se verán obligados a afrontar una infracción, cuando en realidad nosotros buscamos información de los dueños de las propiedades, y no del country en particular».
«Esto realmente es una pena, sobre todo si tenemos en cuenta que la registración que nosotros solicitamos no supera los 3 mil pesos mensuales por trabajadora de casa particular», puso de relieve la ministra.
«La obstrucción es una falta grave, que puede llegar a un 5000% de un Salario Mínimo Vital y Móvil. Ante mayor capacidad de pago, mayor puede ser la multa», insistió.
Los voceros explicaron que desde octubre pasado «varias urbanizaciones cerradas presentaron los registros de ingresos de trabajadoras y los niveles de informalidad que se están detectando son muy altos», y resaltaron que «hay dos countries que ya agotaron todas las instancias y les van a aplicar multas por obstruir la inspección».