El titular de Federación Nacional de Conductores de Taxis, José Ibarra, se llevó ayer un unánime respaldo de la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT), en la batalla contra las aplicaciones móviles. Hubo coincidencia en que la «uberización» está llegando a otras actividades y crítica a los políticos que no dan respuestas y «se pasan la pelota».
Por unanimidad, los gremios que ayer se integraron a la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) que comanda Omar Maturano, respaldaron a los taxistas en su batalla contra las aplicaciones móviles.
De hecho, la intervención de José Ibarra, el titular de Federación Nacional de Conductores de Taxis, se llevó uno de los aplausos más cerrados de la jornada.
El gremialista hizo foco en la precarización de las condiciones de trabajo que imponen las aplicaciones móviles sobre los trabajadores y en que vienen advirtiendo de sus consecuencias e impacto desde 2014.
«Las aplicaciones no reconocen ninguna relación laboral ni ningún sistema de seguridad social para los trabajadores», explicó el gremialista. La situación no sólo muestra sus consecuencias entre los taxistas. «Ya son varias las actividades que sufren la uberización«, remarcó.
Además, Ibarra resaltó el hecho de que esas empresas no están asentadas ni tributan en el país. «Son tantos los miles de millones de pesos que evaden sin reinvertir que no entendemos que todo el arco político no haga nada cuando el país está pasando una situación crítica», sostuvo.
A modo de ejemplo, el gremialista recordó que los Conductores de Taxis tenían 39 mil licencias circulando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ese número se derrumbó y hoy apenas hay unos 12 mil autos en circulación.
Y apuntó contra los políticos: «Estamos cansados de que se pasen la pelota entre provincias y municipios y nadie haga nada».
En la previa la Federación que comanda le había hecho llegar una notificación al Diario Clarín. Fue para repudiar una nota del multimedios en el que se publicitaba la participación como «socios» de trabajadores para las plataformas Uber, Cabify, Didi y Beat.
Le señalaba al diario que las «ayudaba a crecer» y por lo tanto «a llevarse más dinero del país sin pagar un impuesto y precarizando el trabajo, ya que no se hacen cargo de los empleados».
Por último le recuerda a Clarín que los choferes deben cumplir con cursos de capacitación, dar exámenes, tributar en el país, estar en «blanco» y tienen la tarifa regulada. En contraposición, las aplicaciones no cumplen con ninguna normativa y son ilegales.