Triunfo de AMMAR: la justicia reconoció su trabajo

«Desde AMMAR Nacional celebramos la sentencia. Se trata de una deuda muy antigua», expresaron desde el sindicato enrolado en la CTA de Hugo Yasky.

El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró ilegítimo el procedimiento del Gobierno de la Ciudad para imponer clausura y multas en domicilios de trabajadoras sexuales, expresando que su falta de regulación es una deuda de la Ciudad con la sociedad.

La Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina en Acción por Nuestros Derechos (Ammar) denunció en reiteradas oportunidades que el Gobierno de la Ciudad ejerce el Poder de Policía aprovechándose de los operativos anti-trata para inspeccionar en departamentos privados donde hay trabajadoras sexuales.

«Les exigen a las compañeras habilitaciones de imposible cumplimiento; labrándose infracciones que terminan ejecutándose en la Justicia. La mayoría de las trabajadoras sexuales -debido a la criminalización social- evitamos ir al juzgado y terminamos pagando una sanción sin defendernos», dijeron desde la asociación en un comunicado.

Georgina Orellano, secretaria general de AMMAR, señaló que: «El proyecto de ley que presentamos con la diputada María Rachid en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene por objeto regular la habilitación y funcionamiento de los establecimientos radicados en la Capital destinados a brindar servicios de índole sexual».

Orellano, que además será candidata a legisladora de la mano del frente ALBA (Alternativa Buenos Aires), encabezado por Pablo Ferreyra como candidato a Jefe de Gobierno, explicó que «se considera trabajo sexual a los fines de esta ley, la actividad voluntaria y autónoma de ofrecer servicios de índole sexual a cambio de una retribución para beneficio propio. El establecimiento puede estar organizado de manera individual autónoma o bajo la forma de cooperativa autónoma».

La aclaración apunta a rechazar el precepto de un sector del feminismo que afirma que «ninguna mujer nace para puta». Un argumento considerado abolicionista por AMMAR.