A pedido del juez Ercolini, la Federal allanó una sede de la UTEP donde hay un comedor popular, en busca de una cooperativa: «No estamos pudiendo servir la comida»

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular UTEP denunció un allanamiento realizado por efectivos de la Policía Federal a pedido del juez Julián Ercolini, que irrumpieron en la sede del barrio porteño de Constitución donde se desarrollaba un comedor popular que cuenta con asistencia a personas vulnerables. Los efectivos preguntaron «por una cooperativa desconocida que ni siquiera tiene domicilio en el lugar».

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) denunció la realización de un allanamiento este miércoles, en una sede ubicada en la ciudad de Buenos Aires, donde se desarrolla un comedor comunitario. «Hay una cola de gente esperando que le sirvan el alimento y no estamos pudiendo servir la comida», dijo Nicolás Caropresi, dirigente nacional de MTE en diálogo con Futuröck.

A través de un comunicado, la organización expresó: «Denunciamos el insólito allanamiento en la sede central de la UTEP que se está produciendo hoy en Constitución», ubicada en la calle Pedro Echagüe 1587 y aseguró que se desarrolló en forma violenta e injustificada.

La UTEP señaló que el operativo se desató «por pedido del juez Julián Ercolini» y que los oficiales preguntaron «por una cooperativa desconocida que ni siquiera tiene domicilio en el lugar«.

En esa línea, denunciaron que «en el barrio donde los transas están más que tranquilos, la policía y ‘la justicia’ persigue a una cola de gente esperando que le sirvan el alimentoEstán allanando en un comedor que tiene para bañarse, peluquería, abogados, psicólogos, atención médica y ahora está todo cancelado«.

Por último, concluyeron: «Otro show que se da curiosamente luego de la gran jornada del 7 de agosto. No nos vamos a dejar intimidar por otra muestra de persecución y hostigamiento hacia las organizaciones populares».

La UTEP denunció al Gobierno nacional por la falta de entrega de alimentos y frazadas que luego se encontraron en galpones estatales, algunos se vencieron, otros desaparecieron, y que, pese a las órdenes judiciales al ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello, no entregaron en su totalidad.