Los servicios de la línea 60 de colectivos continúan funcionando parcialmente pese a la conciliación obligatoria por 15 días hábiles dispuesta el viernes pasado por el ministerio de Trabajo, para destrabar el conflicto entre los trabajadores y la empresa por la muerte de un electricista hace diez días.
Así lo confirmó a Télam uno de los delegados de los trabajadores, Néstor Marcolín, quien precisó que «durante el fin de semana trabajó un sólo ramal (Fleming-Constitución) y a partir de hoy comenzarán a funcionar los restantes ramales pero con 80 micros sobre un total de 344».
Marcolín informó que «el inconveniente para normalizar en su totalidad los servicios pasa porque los choferes no pueden salir porque les faltan las libretas de trabajo que debe entregar la empresa y no lo hace, argumentando inconvenientes».
Ante la consulta sobre cuándo van a normalizarse definitivamente los servicios, el delegado gremial de los choferes de la línea 60 estimó que será «entre mañana y el miércoles, depende de las entregas de las libretas y de las verificaciones que quedan por hacer a las unidades».
El viernes pasado, tras cuatro días de paralización de los servicios por la muerte de David Ramallo, la cartera laboral dispuso la conciliación obligatoria por un período hábil de 15 días, que los trabajadores acataron pero cumpliendo con servicios mínimos.
Los delegados vienen aclarando también que los trabajadores nunca aplicaron un paro sino que abandonaron las tareas a partir de «la irresponsabilidad patronal», que provocó la muerte de un operario, a la vez que advirtieron que «la empresa debe garantizar los salarios de estos días caídos».
«De producir algún descuento a fines de mes sobre los haberes de los trabajadores se produciría un conflicto de otra envergadura, ya que se consideraría una provocación», agregó.
Los trabajadores habían calificado la muerte del mecánico David Ramallo como «un asesinato», en tanto la empresa Monsa -que presta los servicios de la línea 60- publicó una solicitada en la que afirmó que cumple «las normas de seguridad» y acusó a los delegados de mantener «intereses políticos ajenos al hecho».