Ya circula el borrador del decreto que estipula el bono de fin de año que acordaron la CGT con empresarios y el Gobierno. Aunque todavía falta su publicación, lo que formalizaría el pacto, ya se sabe quienes están incluidos y excluidos por la letra chica del entendimiento de partes.
Los primeros en quedar «afuera» son los empleados públicos. De hecho, en el caso de los trabajadores de la administración pública nacional, el Gobierno ya inició una ronda de conversaciones informales con UPCN. De hecho Andrés Rodriguez se mostró optimista en conseguir que se pague para esa actividad.
También se determinó un bono para el personal del servicio doméstico y los trabajadores rurales, aunque esos casos serán definidos en mesas sectoriales.
Lo curioso es que el titular de los peones rurales, Ramón Ayala, es el principal aliado en materia gremial del oficialismo y el líder de las 62 Organizaciones que en la práctica reportan a Cambiemos.
Ahora, con el decreto en vías de publicación, Mauricio Macri en lugar de resolverle la situación, manda a Ayala a negociar un bono diferencial con sus patronales y es una incógnita si conseguirá el monto y las formas de pago que se rubricaron para el resto del sector privado.