Ramos, quien hace pocas semanas presentó a la nueva organización gremial, repudió «el clientelismo» en el Estado, y sostuvo que al sindicato «no le consta la existencia de ñoquis o funcionarios sin tareas asignadas o superpuestas», pero reafirmó que si ello existiese tampoco comportaría «un elevado porcentaje» de empleados públicos, rechazando de esa forma un editorial de un medio nacional publicado este mes y titulado «Terminar con los ñoquis y el empleo público superfluo», según puntualizó en un comunicado de prensa.
«Se trata de un tema que discurre por carriles distintos al de la estabilidad de ese empleado. Ese editorial deslizó consideraciones sobre la necesidad de disminuir el gasto público y reducir el déficit fiscal, y mencionó como principal causa del actual desequilibrio financiero el aumento del número de trabajadores a nivel nacional, provincial y municipal», explicó.
También sostuvo que «un alto porcentaje de ese personal es militante político, amigo del poder, ñoqui o, sin serlo, no tiene funciones o las duplican», subrayó Ramos.
El dirigente sindical condenó también que el editorial se preguntase «por qué debe seguir manteniéndose una ley de estabilidad del empleado público que representa un cáncer para el Estado, además de ser discriminatoria del resto de los trabajadores».
Ramos explicó que la estabilidad del empleado público fue reafirmada por la Corte, en los autos «Madorrán, Marta Cristina c/Administración Nacional de Aduanas s/reincorporación», el 1° de mayo de 2007, y destacó que «las prácticas contrarias a esa estabilidad, y sus comprobados resultados políticos negativos en el resguardo de los fines públicos no conducían a otro puerto que al deterioro de la función pública, con notorio perjuicio sobre sus destinatarios, es decir, los administrados».
«Este y anteriores gobiernos, lejos de cumplir con la estabilidad del empleado público, recurrieron con el respaldo de normas inconstitucionales a figuras contractuales de derecho público y privado que la burlaron, y lograron utilizar como botín de guerra político ese cargo público. Esos trabajadores tienen un rol fundamental en la tarea de asegurar un ejercicio eficaz, neutral, objetivo y no arbitrario de los poderes públicos», puntualizó.
Por último, el gremialista se preguntó si «no habrá llegado el momento de desterrar esas prácticas y efectivizar la estabilidad del empleado público y su profesionalización con vistas al desarrollo de una verdadera carrera administrativa con salarios dignos».
La Asociación Gremial de Abogados del Estado (Agae) agrupa a los letrados que prestan servicios en relación de dependencia en la Administración Pública Nacional, centralizada o descentraliza en todo el país.