La Federación de Aceiteros anunció una huelga nacional desde las 22 de este martes, en medio de un escenario de despidos, intentos de flexibilización del convenio sectorial y una negociación salarial empantanada. La medida se sentirá con fuerza en la provincia del Santa Fe y norte de Buenos Aires.
Pese a que el acuerdo paritario del sector vence el 31 de marzo, el conflicto se anticipó porque la conducción del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo, a cargo de Pablo Reguera, acordó en enero una recomposición salarial del 15% sintonía con lo que reclama el Ministerio de Trabajo.
«Bajo ningún punto de vista vamos a aceptar un 15% de aumento, básicamente porque ninguna empresa del sector puede justificar esa propuesta», apuntaron desde la federación que conduce Daniel Yofra, que dispuso una huelga de alcance nacional en el complejo oleaginoso, el principal generador de divisas del país
La particularidad de la discusión es que los aceiteros no fijan la recomposición salarial según la evolución de la inflación, sino en función de un salario mínimo vital y móvil que es calculado por el propio gremio. De acuerdo con esa proyección este sería de 30.560$ al 1 de enero de 2018. A la oferta salarial de la patronal aceitera se suma la negativa empresaria a desembolsar un bono no remunerativo que percibe trabajadores a principio de año desde hace más de un lustro.
Otro de los puntos que desencadenó la definición de las medidas de fuerza estuvo dado por los 44 despidos en Cargill, algo que los aceiteros consideran «un intento de disciplinamiento de cara a la negociación salarial…La empresa con mayor facturación de todo el sector oleaginoso -unos 47.000 millones de pesos según sus cálculos- no tiene ningún tipo de argumentos para plantear un achicamiento y menos la flexibilización de las condiciones de trabajo».
La aclaración tiene relación con que el convenio firmado con el sindicato aceitero de San Lorenzo, que incluyó modificaciones modificaciones significativas al Convenio Colectivo.
Entre los cambios más destacables se encuentran la incorporación de la multifuncionalidad de los trabajadores, la modificación escalafón profesional del sector y la incorporación de guardias mínimas de operarios que garanticen el funcionamiento de las plantas ante eventuales medidas de fuerza.