El ministerio de Trabajo de la Nación notificó ayer a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) la imposición de una sanción consistente en una multa de $221.652, por un supuesto incumplimiento de una conciliación obligatoria de un conflicto que se desarrolló en el SENASA en el año 2015.
ATE comunicó que preparó la interposición del recurso de apelación porque lo considera una sanción «en primer lugar arbitraria teniendo en cuenta que se trató de una doble conciliación obligatoria: se dictó al principio de ese conflicto y no se llegó a un acuerdo; luego, cuando se retomaron las medidas de fuerza el ministerio dictó otra conciliación obligatoria, una facultad que no tiene».
Para los estatales «se trata de una sanción ilegal porque se evidencia el intento de persecución y amedrentamiento hacia los trabajadores y sobre todo, una forma de atentar contra el ejercicio del derecho de huelga».
Es la primera vez que se toma una medida de estas características retroactiva a un hecho ocurrido tres años antes. «La forma que el Ministerio de Trabajo utiliza las conciliaciones obligatorias no tiene que ver con su verdadera finalidad que es que las partes traten de resolver el conflicto, sino lisa y llanamente impide que los trabajadores ejerciten su derecho de huelga», sostuvieron.
«Si a esto le suman las sanciones económicas a los sindicatos por ejercer el derecho de huelga directamente lo que hay es un ataque a la libertad sindical especialmente a la posibilidad de recurrir a la medida de acción directa», añadieron los liderados por Hugo «Cachorro» Godoy.