Representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Asociación de Técnicos y de Profesionales de la CNEA y la Actividad Nuclear, delegados del CAB y Conicet entregaron en Bariloche un documento al presidente de la CNEA, Osvaldo Calzetta Larrieu, en el que se expresa la «crítica situación» del sector.
El propio Calzetta Larrieu confirmó el lunes último en la ciudad rionegrina que fue postergado el proyecto de construcción de Atucha III y la quinta central nuclear (prevista para emplazar en Río Negro), lo que «genera un problema importante en todo el sector», y anunció que elevará un informe a las autoridades nacionales «para mostrar el impacto directo e indirecto de esta resolución».
En el documento entregado por los referentes gremiales a Calzetta, se indica que la decisión «pone en jaque al sector nuclear y en lo inmediato rompe la posibilidad de poner en marcha todas las capacidades que tiene la Argentina para construir los componentes de la cuarta central».
Agregaron que la desactivación de ambos proyectos «implica miles de despidos», y se detalla que, además de los frustrados puestos de trabajo que demandarían las obras, la decisión producirá 300 cesantías en la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), y otras 100 en Combustibles Nucleares Argentinos (Conuar).
También alertan por el despido de 600 trabajadores en Nucleoeléctrica Argentina (Na-Sa), la empresa a cargo de las proyectadas centrales, y otros 1.000 en las obras en curso en Zárate; y cuestionaron la privatización en curso de Dioxitek, una empresa creada por el Estado para fabricación y comercialización de Cobalto 60, de uso en medicina nuclear, lo que incluyó el «desguace» del Complejo Minero San Rafael, en Córdoba, y la planta de Ezeiza.