«Los talleres clandestinos representan no sólo un perjuicio para la industria y el comercio de los vecinos porteños, sino también son un riesgo para la integridad física de sus trabajadores», dijo el fiscal Martín Ocampo tras el allanamiento.
En el operativo debió requerirse la intervención del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes por registrarse la presencia de un menor.
El operativo se originó en una denuncia de Gustavo Vera, legislador y fundador de La Alameda, una cooperativa que nació de la asamblea barrial de Parque Avellaneda y que se hizo conocida por visibilizar la explotación laboral de talleres textiles.
La denuncia que presentó Vera ante la Dirección General de Protección del Trabajo del gobierno porteño apuntó esta vez contra el local de Argerich 867, sobre el que había una clausura municipal del 2006, que no se estaba cumpliendo, informaron desde esa fiscalía.
Durante el procedimiento que llevó a cabo la Policía Metropolitana y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires, se comprobó que el lugar contaba con cuatro unidades funcionales, dos viviendas y dos talleres textiles y depósitos.
El fiscal Sebastián Stoppani, a cargo del procedimiento, ordenó el secuestro de todas las mercaderías, materias primas y máquinas, e impuso clausura judicial por cuestiones de seguridad.