El juego de Lucas Aparicio, desde su arribo a la Secretaría de Trabajo, todavía es de difícil lectura. Lejos de las actuaciones lineales, el funcionario que llegó apadrinado por «Guillo» Dietrich, tejió reuniones con las distintas vertientes del espectro sindical y buscó tender puentes hasta con el moyanismo.
Sin embargo, una instantánea que llegó desde Bahía Blanca en las últimas horas generó desconcierto en el sector portuario y encendió las alarmas entre dirigentes y trabajadores. Es que con la excusa de un encuentro en la Federación de Estibaje en Puertos Argentinos (FEPA), el secretario se fotografió con Juan Corvalán, líder del ¿extinto? SUPA y uno de los hombres más oscuros de la actividad.
Corvalán se hizo popularmente conocido años atrás cuando una patota de su sindicato atacó a un discapacitado y lo tiró de un puente. Fue en el marco de una protesta callejera que el mismo lideraba. Amagó con renunciar, pero siguió.
A fines del año pasado el portuario terminó de caer en desgracia. En una causa en la que se tramitaba el pedido de quiebra de su organización, el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos, Puerto Capital y Dock Sud (S.U.P.A), la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial ordenó “la cancelación de la personería gremial y de la inscripción gremial de la entidad”.
Se trató de un fallo con escasos precedentes en el mundo sindical argentino que dejó a los representados por la organización sin el paraguas para negociar colectivamente sus derechos.
Corvalán, a pesar de manejar un férreo hermetismo y mantenerse alejado hace varios años de las arenas de la política gremial y partidaria, no se quedó quieto. Se movió y en su entorno comentaba que estaba esperando porque era “bancado” por funcionarios de la AGP. Además prometía un regreso con más poder aún, todo bajo un “nuevo formato gremial”.
Eso empiezan a sospechar también desde otros espacios gremiales que buscan sellar acuerdos con la gestión que den previsibilidad en los convulsionados puertos de la Ciudad y encuentran un doble juego de Aparicio.
De hecho en la Federación Marítimo Portuaria, que comanda el ex triunviro de la CGT, Juan Carlos Schmid, se preocuparon particularmente con otra noticia. En una entrevista hace pocos días Gonzalo Mórtola, el interventor de la administración de puertos, señaló que las terminales funcionarían «en condiciones óptimas» con 1050 trabajadores.
La cifra desorientó a los gremialistas porque el acta acuerdo firmada con la gestión Cambiemos habla de sostener todos los puestos de trabajo en las nuevas licitaciones. Hoy son en total 1550, es decir 500 puestos de trabajo más de los que el funcionario puso como deseo.
De fondo, la conjetura inconfesable de muchos conocedores del paño es que el retorno de Corvalán, apalancado por el ministro de Transporte vía Aparicio, pueda servir para generar un nuevo sello gremial que valide la intención ya explicitada por el Gobierno: avanzar sobre los convenios colectivos de trabajo y los empleos, con un intento de reforma laboral por sector.
En este 2019 Trabajo no logró instalar la flexibilización ni en los textiles, ni en los metalúrgicos. En este contexto se vuelve estratégica la pelea que los marineros del SOMU mantienen por no tocar los convenios. En definitiva, esa podría ser la punta de lanza para que el plan Sica se extienda como reguero de pólvora en toda la actividad.