Ante esa situación, los dirigentes y candidatos de la Lista Verde y Blanca (vinculados al yaskismo) planifican una movida para hoy en los edificios de ATE, que pueda visibilizar el conflicto y a la vez meterle presión a la actual conducción (vinculada a De Gennaro).
“Están obstruyendo a más de 2 mil afiliados para que no puedan votar. Trabajadores que tienen más de 20 años de antigüedad. Lo pueden hacer porque controlan la junta electoral y entonces adulteran los padrones”, le dijo a Info Gremiales el candidato a secretario Adjunto de la Verde y Blanca, Manolo Sueiro.
Sueiro acusa directamente a Rubén Mosquera, el representante por la Capital en la lista que encabezan Hugo “Cachorro” Godoy y Julio Fuentes a nivel Nacional. Pero también a Rodolfo Córdoba, presidente de la Junta Electoral Nacional, dirigente del oficialismo conducido por Víctor De Gennaro, y a su vez propietario de la empresa que maneja los padrones de ATE, denominada CADIS SRL.
Las elecciones están agendadas para el próximo 2 de septiembre, pero el clima de conflictividad y acusaciones pone en duda su normal desarrollo. “Así no tenemos garantías para los afiliados de ATE”, se quejó Suerio.
Según el informe de la Junta Electoral –emitido al cierre de la confección del padrón definitivo– cerca de 25 mil afiliados, que corresponden a la Capital Federal, estarían en condiciones de participar con su voto en las elecciones, pero desde la lista Verde y Blanca advirtieron que posterior a dicho cierre hubo una baja de casi 2.700 votantes sin ningún tipo de justificación.
Por su parte, Daniel Catalano, candidato a Secretario General de la Verde y Blanca apuntó contra el sector degennarista: “Rubén Mosquera, el candidato de la Lista Verde, Celeste y Blanca por la Capital Federal, es el responsable del fraude que se está llevando a cabo en el gremio”, y agregó: “hacen esto porque saben que en la urnas no van a ganar y quieren retener la conducción del gremio para continuar con sus negocios”.
Entre las irregularidades con los padrones enumeradas, los dirigentes pudieron comprobar que los trabajadores de la Defensoría del Pueblo porteña directamente no figuran en las listas. Y denuncian que se reiteran en otras dependencias casos semejantes.