
El sindicato ATE intimó al Gobierno a abonar los sueldos adeudados tras la decisión del Ministerio de Justicia de congelar los fondos por 60 días. Rodolfo Aguiar calificó la medida como «arbitraria e ilegal» y advirtió sobre posibles acciones directas en los próximos días si no hay respuesta.
Luego de que el Ministerio de Justicia ordenara congelar por 60 días las transferencias a la ex ESMA, impidiendo el pago de salarios correspondientes al mes de marzo de sus trabajadores, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimó a la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona a que abone la totalidad de los sueldos en tiempo y forma. De no haber respuesta en las próximas horas, el sindicato evalúa medidas de acción directa para esta semana.
“La decisión de congelar los fondos destinados a la ex ESMA durante 60 días es arbitraria e ilegal. Se trata de un nuevo ataque del Gobierno a las políticas de derechos humanos”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.
En este sentido, el dirigente explicó: “Hemos decidido intimar al Ministerio de Justicia para que cumpla con su obligación de cancelar los salarios a todos los trabajadores. Si en las próximas horas no se destraban los fondos, evaluaremos el inicio de medidas de acción directas”.
“Es lamentable la actuación de un ministro de Justicia que desconoce que el salario tiene carácter alimentario y fundamentalmente para garantizar la asistencia familiar, que es la vivienda digna, alimentación adecuada y vestimenta, entre otras prestaciones a cumplir”, disparó Aguiar contra Mariano Cúneo Libarona.
“Persisten en su intento de cerrar los espacios de la memoria para legitimar la actuación de la Dictadura Cívico Militar. Ellos saben que si logran legitimar el pasado, disciplinan en el presente. No lo podemos permitir”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional.
En la carta documento dirigida al Ente Público para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, el sindicato le hace saber: “Al tratarse de un derecho alimentario esencial, para el caso de no pago de los mismos en legal tiempo, recurriremos a todas las medidas legítimas de acción sindical y acciones legales que estimemos corresponder”.
Fue el subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Justicia, Juan Cruz Montero, quien firmó una nota anunciando la auditoría que comienza el 1 de abril ordenando suspender por 60 días las transferencias al ente de derechos humanos.
Ante esta situación, el sindicato evalúa realizar medidas de fuerza esta semana, anticipando lo que será el Paro Nacional de 36 horas que comenzará a las 12 del mediodía del miércoles 9 hasta la medianoche del jueves 10.
