La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) inaugurará nueve sedes de comisiones médicas en el Gran Buenos Aires para intervenir en casos de accidentes de trabajo, de acuerdo al controvertido DNU de Mauricio Macri. Dos de ellas en marzo, dentro de un plan de descentralización de la atención, ya que sólo la ciudad de Buenos Aires concentra el 80% de los trámites que se originan en la provincia de Buenos Aires.
«Para los primeros días de marzo, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo prevé tener terminadas y en condiciones de operar las comisiones médicas de Lanús y Ramos Mejía. Serán las primeras de un total de nueve delegaciones que quieren abrirse en el conurbano bonaerense, como parte de una estrategia integral que tiene como objetivo ocuparse del trabajador y disminuir los índices de litigiosidad», informó la SRT a la agencia de noticias Télam.
El plan de la SRT, que conduce Gustavo Morón, es abrir siete comisiones médicas más en Quilmes, Ezeiza, Morón, San Martín, San Isidro, Pilar y Luján, que se sumarían a las 35 ya existentes distribuidas por todo el territorio nacional y a la Comisión Médica Central.
Según destacó el organismo, el 80% de los trámites por accidentes laborales y enfermedades profesionales que se registran en territorio bonaerense, y un tercio de los reclamos a nivel nacional, se realizan en Ciudad de Buenos Aires.
«Esta fuerte concentración en una sola Comisión Médica debilita la atención de las personas que han sufrido un accidente laboral, impide citar para las audiencias médicas en plazos razonables (que no superen los 30 días) y y dar una respuesta al trabajador más rápida y eficiente», destacaron desde la Superintendencia.
«Precisamente, sobre esta cuestión avanza el Decreto de Necesidad y Urgencia que recientemente firmó el presidente Mauricio Macri y que modifica la Ley de Riesgos del Trabajo N° 24.557», remarcaron.
Dicho decreto establece que, ante un accidente laboral, o una enfermedad profesional, sea obligatorio recurrir a una Comisión Médica para evaluar el caso antes de iniciar un reclamo judicial.
«Esto va a evitar discrecionalidades y agilizar los tiempos para que los trabajadores cobren sus indemnizaciones en un tiempo razonable. En caso de que no estén conformes con el dictamen médico, los trabajadores podrán solicitar la revisión de su caso ante la Comisión Médica Central y recurrir a la Justicia Laboral», explicaron desde el organismo.
En paralelo, en las últimas horas se presentó el pedido de “per saltum” ante la Corte Suprema de Justicia contra el DNU de Macri. La iniciativa fue del abogado Daniel Igolnicov y lo recibió la Secretaría N° 1 del máximo tribunal. Se espera que sea el primero de una seguidilla de amparos en el mismo sentido.
Uno de los reclamos que desató el DNU de Macri es que los abogados laboralistas verían disminuido su trabajo a la mitad. En su presentación ante la Corte, Igolnicov solicitó al máximo Tribunal que considere al DNU una cuestión que reporta “gravedad institucional” por afectar los derechos laborales de los abogados, consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución. “Esta vulneración al derecho de trabajar no se circunscribe a los conciliadores, sino que abarca a la decena de miles de trabajadores que todos los años, siendo víctimas del incumplimiento de las normas laborales, consiguieron justa reparación por una vía legítima y eficaz y que se viene a derogar por ‘una necesidad y urgencia’ inventada abusivamente para encubrir la maniobra política de eludir el camino parlamentario”, remarcó.