«La condición de salud de Suárez –verificada en los datos e informes médicos periciales obrantes en autos- demuestra que el nombrado ha recibido- dentro de las limitaciones que lógicamente implica el encierro en una dependencia carcelaria- la atención adecuada respecto a sus dolencias, más allá de los intentos de su asistencia técnica en demostrar lo contrario», evaluaron los jueces que extrañamente habilitaron la feria judicial para este tema.
Los camaristas de feria Eduardo Farah y Leopoldo Bruglia resolvieron poner fin al arresto domiciliario -con tobillera electrónica en la casa de una de sus hijas en la localidad bonaerense de Olivos- que cumplía Suárez, procesado como supuesto jefe de una asociación ilícita que extorsionó a empresarios del sector y cometió defraudación en la obra social del gremio.
Suárez fue trasladado a la cárcel de Ezeiza, luego de haber sido beneficiado con arresto domiciliario desde el 29 de diciembre último, a instancias del juez Luis Rodríguez, quien subrogó en ese momento a Rodolfo Canicoba Corral.
Durante algo más de un año, desde septiembre del 2016 hasta diciembre pasado, el sindicalista cumplió prisión en la prisión de Marcos Paz, pero ahora fue derivado a Ezeiza porque los magistrados entendieron que el Hospital Penitenciario Central, que funciona allí, cuenta con una «mayor complejidad asistencial» para dar respuesta a un eventual caso de urgencia.
En los últimos días, Suárez fue sometido a estudios y pruebas realizados por la Unidad Médica del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, por médicos del Centro de Asistencia Judicial Federal (del Cuerpo Médico Forense) y por especialistas del Instituto «Fleni».
Esos informes concluyeron que el procesado está «clínicamente compensado, sin evidencia de sangrados activos, ni patologías físicas agudas en evolución» y que al momento «no surgen evidencias» en cuanto a que requiera una «internación de urgencia en un centro hospitalario».
Días atras, el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó enviar a juicio oral al ex secretario general del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y a otros diez procesados por asociación ilícita y coacción.
Además, Pollicita apeló el beneficio de prisión domiciliaria de Suárez por considerar «fehacientemente acreditado» -en conclusiones forenses- que el gremialista no es un «paciente terminal ni portador de una enfermedad incurable», que «no reúne criterios de internación –siquiera en un hospital penitenciario-, y que sus dolencias pueden ser debidamente asistidas en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz».
En octubre último, Canicoba Corral amplió el procesamiento con prisión preventiva de Suárez y elevó su embargo a 17 millones de pesos en la causa donde ya estaba procesado por supuesta extorsión a empresarios marítimos, al sumar nuevas acusaciones vinculadas con la administración fraudulenta en la obra social y la mutual del sindicato que condujo.
En la resolución, se acusó a Suárez de «haber administrado fraudulentamente los bienes e intereses de la Obra Social del Personal Marítimo», en su carácter de presidente, obteniendo un lucro indebido, en violación de los deberes correspondientes al cargo que ostentaba en la entidad y en perjuicio de los intereses de los afiliados que le fueran confiados.