El secretario General de ATE Capital, Daniel Catalano, cuestionó hoy la decisión del Gobierno de establecer el regreso al trabajo presencial de los empleados públicos que hayan recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus y advirtió que «los edificios públicos no están preparados» para desarrollar tareas sin riesgo de contagios de Covid-19.
El referente sindical reconoció que la publicación de la Resolución 62/2021 de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete los tomó por sorpresa.
«Avanzar en este marco es bastante complicado. Los edificios públicos no están preparados para recibirnos. No hay ventilación, no hay personal capacitado para garantizar el marco de higiene, es todo parte de un protocolo que hay que ir construyendo», señaló el dirigente gremial.
En diálogo con La990, Catalano pidió que se avance en la vacunación de los empleados públicos y que se abra «una mesa de comisión de trabajo en cada Ministerio», para analizar cada situación en particular.
«Y si no, vamos a ir a la Justicia, para que aquellas personas que tienen una enfermedad preexistente no vuelvan y sigan con teletrabajo«, anticipó el líder de la seccional porteña de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Y añadió: «La vuelta a la presencialidad tiene que ser paulatina. Va a haber un recule, porque en algún momento la cepa Delta va a entrar y es muy agresiva, por lo que va a haber que repensar toda la estructura laboral del Estado Nacional y los distintos lugares de trabajo».
La Resolución 62/2021, publicada el pasado lunes en el Boletín Oficial, estableció que se podrá «convocar al retorno a la actividad laboral presencial a las y los trabajadores que hubieren recibido al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el Covid-19 autorizadas para su uso en la República Argentina, independientemente de la edad y la condición de riesgo, transcurridos 14 días de la inoculación».
Anteriormente, el Ministerio de Trabajo había publicado una resolución que iba en el mismo sentido, pero que regía para el sector privado.