
(Por Eduardo Porto @periferiacts) El Gobierno tiene frenados en el Banco Central unos 54 millones de dólares ya aprobados por organismos internacionales para ser usados en investigación y desarrollo. Milei, en su cruzada anti-ciencia, no los libera y complica a investigadores que no tienen actualización salarial hace nueve meses.
Científicos argentinos denunciaron ante el Banco Interamericano de Desarrollo la no ejecución de unos 54 millones de dólares (USD 54.058.643,99) ya asignados y transferidos por el organismo internacional para ser utilizados por grupos de científicos en Argentina para proyectos locales de investigación.
Son fondos con los que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financia la investigación de América Latina y el Caribe a través de la Red de Investigación de la región y de BID Lab y que en Argentina se ejecutan, en su mayoría, a través de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), perteneciente hoy a la Secretaría de Ciencia que coordina Natalia Avendaño.
Avendaño es el primer eslabón de la cadena de funcionarios apuntados por la falta de ejecución de esos fondos que denunciaron unos dos mil investigadores de nuestro país. En Argentina esos recursos son utilizados para financiar buena parte de las becas de investigación de equipos en diversas áreas. Le siguen el Secretario, Darío Genua, cuya gestión más visible en el área de ciencia y tecnología, está constituida por despidos, cierre de programas de investigación, subejecución del presupuesto y tuitear contra el kirchnerismo. Claro, no hay que olvidarse de Daniel Salamone, el presidente del CONICET, que si bien no está directamente ligado a esta denuncia, su rol es fundamental.
Una vez que los organismos internacionales transfieren los recursos la Agencia I+D+i los ejecuta a través de cuatro «instrumentos»: El Fondo de Ciencia y Tecnología, el Fondo Nacional Tecnológico Argentino, Fondo Nacional para la Industria del Software y el Fondo Argentino Sectorial. Son créditos blandos destinados a promover el desarrollo local y estos cuatro fondos tienen el rol de articular la labor que se realiza en el sistema científico con la actividad productiva de PyMEs, empresas, en energía, agro, digitalización, o bien el propio Estado para áreas como salud.
En muchos casos son subvenciones del organismo internacional a centros de investigación de la región. Pues bien, los científicos denuncian que el dinero está frenado en el Banco Central y el gobierno de Javier Milei, en su cruzada anti-científica, no los ejecuta.

Nueve meses sin aumento de sueldos
Los científicos presentaron la denuncia por los recortes sin precedentes que, además, complica salarialmente a miles de becarios de la Agencia I+D+i, porque hace nueve meses que no tienen actualización salarial.
Los recortes sin precedente a la ciencia en medio del masivo ajuste impuesto por el gobierno de Milei, piden la “intervención inmediata para garantizar la normal ejecución de fondos”, “auditoría externa de los desembolsos” y “evaluación de sanciones”.
La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), que era un organismo autárquico, en estos momentos se encuentra dentro de la órbita de la Jefatura de Gabinete de la Nación.
“La denuncia es presentada por más de 2000 científicos afectados por estos recortes –afirma Martín Rumbo, investigador principal del Conicet en el Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos, y docente de la Universidad Nacional de La Plata–. La Agencia I+D+i se financia en gran medida con préstamos del BID destinados a la promoción de la ciencia; sin embargo, en 2024 hubo una caída drástica en la transferencia de fondos a proyectos que estaban en ejecución, lo que afectó seriamente el funcionamiento del sistema científico. Este proceso, junto con los recortes en números de becas, nombramientos en carreras científicas y otras restricciones resultan en un fuerte achicamiento de un sector clave para el crecimiento del país”.

La iniciativa es promovida por la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (Raicyt), que nuclea a directores de unidades de investigación de todo el pais y viene siguiendo con gran precupación el ataque que está soportando el sector científico. La firman más de 2000 investigadores e investigadoras, entre los cuales figuran Valeria Levi, vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, Diego Golombek, profesor e investigador de la Universidad de San Andrés y el Conicet, Juliana Cassataro, investigadora y profesora de la Universidad Nacional de San Martín, Alberto Kornblihtt, profesor emérito de la UBA e investigador superior del Conicet, Ana Belén Elgoyhen, investigadora superior del Conicet en el Instituto de Genética y Biología Molecular, Fernando Pitossi, investigador del Conicet en la Fundación Instituto Leloir, Guillermo Durán, decano de Exactas/UBA, y muchas de las personalidades más destacadas de la ciencia local.
Informes de auditorías que verifican la transferencia de fondos provenientes de organismos internacionales, destinados a la Agencia. Los investigadores, sin embargo, denuncian que esos fondos «nunca llegaron a manos de los laboratorios ni de los estipendios que perciben quienes trabajan en ellos».
Según sus estimaciones, los montos transferidos ascienden a USD 54.058.643,99 (Cincuenta y cuatro millones cincuenta y ocho mil seiscientos cuarenta y tres dólares estadounidenses con noventa y nueve centavos), y sus fuentes son el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM). Para que puedan verificar la información por sus propios medios, adjunto a este mensaje los documentos correspondientes a dichos informes.