La Corte Suprema, actualmente en una versión acotada de tres miembros, falló a favor de la concentración de las decisiones de la Justicia federal en la Ciudad de Buenos Aires. La decisión afectaría al 90% de las causas laborales y comerciales. Mientras tanto, está pendiente el tratamiento del traspaso de la Justicia del Trabajo nacional al ámbito porteño, aunque este cambio requiere la aprobación del Congreso de la Nación y de la Legislatura de la Ciudad.
Un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación generó gran controversia en el ámbito judicial y político, al establecer que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) será la instancia final de apelación en las causas tramitadas en la justicia ordinaria nacional dentro de la capital.
Esta resolución, tomada en el marco del caso Levinas, modifica el esquema judicial tradicional, donde las Cámaras Nacionales tenían la última palabra, salvo que el caso llegara a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario federal. El cambio implica una reestructuración significativa que podría afectar hasta el 90% de las causas laborales y comerciales.
El fuero laboral es uno de los más impactados por esta medida. Organizaciones sindicales, como la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, calificaron el fallo como un «absurdo jurídico» que atenta contra la Constitución. Además, acusaron a la Corte de buscar garantizar la impunidad del expresidente Mauricio Macri en la causa del Correo Argentino. Macri, por su parte, defendió el traspaso de la justicia laboral al ámbito porteño donde se mueve judicialmente con mayor «comodidad», aunque este cambio requiere la aprobación del Congreso Nacional y de la Legislatura de la Ciudad. Los sindicatos ven esta medida como una amenaza directa a la protección de los derechos laborales.
Desde el ámbito judicial, las críticas también han sido contundentes. En una reunión de urgencia convocada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, jueces, fiscales y defensores expresaron su rechazo, afirmando que la jurisdicción nacional es un atributo inherente a la soberanía del Estado. Asimismo, advirtieron sobre el impacto negativo de considerar a los jueces nacionales como «transitorios». El procurador general interino, Eduardo Casal, se sumó al rechazo, argumentando que no existe una base legal que justifique las nuevas facultades otorgadas al TSJ porteño.
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, compuesto por cinco jueces, de los cuales tres fueron designados por gobiernos del Pro, despertó sospechas sobre la posible alineación política de este fallo. La presidenta del TSJ, Inés Weinberg, fue una figura cercana al expresidente Macri, quien la propuso para la Corte Suprema durante su mandato. Este vínculo, sumado a las posturas del Pro a favor del traspaso de competencias judiciales a la Ciudad, alimentó críticas sobre la imparcialidad de las decisiones del tribunal.
Según expertos, como el abogado laboralista Matías Cremonte, la medida podría afectar la jurisprudencia que protege a los sectores más vulnerables de los embates de los más poderosos que caracteriza a las Cámaras Nacionales, especialmente en el ámbito laboral.