La audiencia virtual con Tabajo fracasó y las partes quedaron a un abismo de dar por cerrado el conflicto. La empresa del Gobierno bonaerense Aubasa encabezada por un hombre de Sergio Massa pidió la cancelación de la personería gremial del Sutpa y su exclusión como socio de la empresa de peajes. El sindicato de Peajes encabezado por Florencia Cañabate y Facundo Moyano rechazó todo, mantuvo la medida de fuerza y los comparó con Macri y hasta con la Dictadura. La nueva audiencia será el martes que viene, esta vez, presencial. Los detalles del conflicto.
El Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (SUTPA) encabezado por Florencia Cañabate decidió no acatar e impugnar la conciliación obligatoria planteada por el Ministerio de Trabajo de la Nación el día 2 de enero por una duración de 15 días.
Ayer mismo fuentes gremiales argumentaron a este medio que «Hace 1 año que acatamos todas las conciliaciones dictadas por el ministerio y la cosa sigue igual en Aubasa». Esto fue maridado con entrevistas en francas críticas al gobierno de Axel Kicllof acusándolo de quebrar la actividad: «Es el populismo berreta que hace este pseudoperonismo», catalogó Moyano, Facundo.
El Sutpa decidió, sin embargo, asistir a la audiencia de negociación que fijó la cartera laboral nacional para este jueves 5. A su encuentro fueron representantes de AUBASA que llevaron una batería de planteos que subieron la apuesta.
En las actas a las accedió InfoGremiales, la representación de la empresa bonaerense solicitó «que se apliquen las multas y sanciones correspondientes por incumplimientos y violaciones de la conciliación obligatoria». Además, solicitó que «la Dirección Nacional de Fiscalización imponga una nueva multa y sanciones que incluyen el inicio de acciones ante el fuero competente para la cancelación de la personería gremial.»
Aubasa también informó que ante incumplimientos de los acuerdos anteriores, de la paz social acordada y de la CO «hace reserva de aplicar sanciones individuales correspondientes» y advirtió que descontará las horas de las medidas de acción directa «de los haberes abonados y a abonarse los salarios no devengados«.
Y llegan a la parte societaria, donde todo realmente escala, porque Autopistas de Buenos Aires SA (AUBASA) es una empresa pública propiedad de la provincia de Buenos Aires. Fue creada en 2013 durante el gobierno de Daniel Scioli a partir de una estatización mixta: El 93% de las acciones quedaron en manos del Estado bonaerense y el 7% es de los trabajadores, representados por su sindicato, entonces encabezado por Facundo Moyano.
Así las cosas y según consta en actas, AUBASA, actualmente encabezada por Ricardo Lissalde tras un acuerdo entre Kicillof y Massa, adelantó que «se impulsará la exclusión societaria del Sindicato por incumplir con sus deberes de socio y ser responsable de la pérdida de recursos.»
La representación del Sutpa rechazó todas las acusaciones, ratificaron la «exigencia del cumplimiento del acuerdo bipartito de reconversión laboral», a lo que se suma una reincorporación, acusan a Aubasa de sostener prácticas antisindicales, reclaman la efectivización de trabajadores temporales y recategorizaciones y el cumplimiento de normas de seguridad e higiene.
Sobre la conciliación obligatoria interpuesta por Trabajo, desde el Sutpa argumentaron que «ha sido impugnada por nula e improcedente, dado que ya se encuentran vencidos los plazos de la oportunamente dictada, como asimismo su prórroga» y no pueden dictarse una nueva CO por los mismos hechos. Respecto a los aspectos societarios reclamados por Aubasa, el Sutpa rechazó todos y advirtió sobre accionar legalmente.
Por su parte, el ministerio de Trabajo ratificó la conciliación obligatoria dispuesta el 2 de enero y designó una nueva audiencia para el martes de 10 de enero a las 11 horas.
Cerrada la audiencia, el mensaje de Facundo Moyano, lejos de ser conciliador tituló un comunicado «Ni Macri se animó a tanto» en el que señala al Gobierno bonaerense de denominarse a sí mismo «peronista, progresista y que defiende a los trabajadores» pero pretendería, a través de Aubasa, que el Sutpa desaparezca. También compara los hechos con la última Dictadura Militar.
Asimismo, remarca que la Conciliación Obligatoria no anula el derecho constitucional a huelga y que fue la empresa la que la incumplió al despedir a un trabajador. También relataron que la empresa mandó cartas documentos a trabajadores avisándoles que se les van a descontar las horas de paro, con el fin de amedrentarlos
“Un gobierno ‘nacional y popular’ con casi el 50% de pobreza en la provincia de Buenos Aires pide cancelar la personería gremial de un sindicato peronista. Ni Macri se animó a tanto”, tuiteó Moyano.
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