El titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, confirmó la medida de fuerza ayer y sostuvo que «violando el Estatuto del personal, el presidente actual decidió privatizar el gerenciamiento trayendo gente externa y no de carrera para cumplir la función de gerente general, que no es un cargo político como son los directores y los asesores».
Al respecto destacó que el nombramiento de «Jorge Gustavo Allen tiene el agravante inclusive que esta persona ha sido sancionada por el Banco Central en un sumario, porque viene de ser director del Banco Francés y tomó medidas que no podía tomar».
Con respecto al paro nacional bancario del 14 de abril, el gremialista sostuvo que «el paro tiene distintas connotaciones. La primera tiene que ver con los 47 despidos en el Banco Central y la segunda es por la falta de formalización de una propuesta salarial de las distintas cámaras empresarias».
«Las medidas de fuerza que viene haciendo la Bancaria -agregó- son fuertes, lastiman, golpean duro en el sistema financiero y le ocasionan fuertes pérdidas a los dueños de los bancos. Sabemos que el paro es una medida extrema que se toma para abrir una puerta de negociación y buscar la resolución de los problemas».
Palazzo, tras negar que haya diálogo con las autoridades de los bancos Provincia y Central para encontrar una salida y evitar las medidas de fuerza, admitió conversaciones con «Jorge Brito y Carlos Melconian por las negociaciones salariales, porque reclamamos un aumento superior al 30 por ciento».
Consultado sobre el futuro de los trabajadores habida cuenta la inflación los despidos y los aumentos de tarifas, Palazzo precisó que «han tomado desde el Gobierno una batería de medidas desde la ortodoxia económica tendientes a corregir lo que denominaron problemas que quedaron de la gestión pasada y con eso apuntaban a estabilizar el precio del dólar, a bajar la inflación y generar una lluvia de dólares de inversión».
«Hasta ahora nada de eso ha pasado, la estabilización del dólar quedó entre 15 y 16 pesos; la inflación es muy dura y galopante; el impacto social vinculado a las tarifas de los servicios públicos va a ser muy duro en los bolsillos de los trabajadores y le quedan dos medidas: una intentar enfriar las paritarias y la segunda es disciplinar los precios a través de la apertura indiscriminada de importaciones», señaló.
En ese sentido puntualizó que «en cualquiera de esos dos escenarios, el que va a perder es el trabajador».