El Gobierno de Córdoba realizó una presentación judicial, a través de la Procuración del Tesoro, para que se investigue la posible comisión de delitos por supuestas amenazas por las declaraciones públicas que realizó el secretario general de Luz y Fuerza de la provincia, Gabriel Suárez.
La Provincia señala en la denuncia que el sindicato anunció «una serie de medidas entre las que se incluyen amenazas directas de obstaculizar obras de infraestructura que se encuentran en ejecución», advirtiendo de un «boicot» que afectaría el desarrollo de las tareas.
En la presentación se precisa que, en declaraciones al diario Alfil, Suárez indica que «se puede demorar» el cierre del anillo de Circunvalación, y menciona «amenazas» contra el gobernador Juan Schiaretti, «anunciando una persecución a todo lugar donde se encuentre».
«Suárez ha anunciado una serie de medidas dentro de las cuales se incluyen amenazas directas y concretas de obstaculizar las obras de infraestructura que se encuentran en ejecución, un verdadero boicot que afectará el normal desenvolvimiento de estas importantes tareas que se realizan en beneficio de toda la comunidad», apunta el documento que dio a conocer Cadena 3.
Oscar González, presidente provisorio de la Legislatura, sostuvo que «una amenaza contra el Gobernador no puede quedar en la nada».
«Vivir este tipo de cosas a esta altura de la democracia parece fuera de toda lógica. Nos vimos obligados a presentar ante la Justicia este pedido porque el clima que se está viviendo con Luz y Fuerza va avanzando», consideró.