Criminalización de la protesta: Denunciaron por «terrorismo» a quienes quedaron detenidos durante las protestas en el Congreso

La presentación fue de Republicanos Unidos, partido que cuenta entre sus luminarias a dirigentes como Manuel Adorni o Yamil Santoro tras las protestas por la Ley Bases. El presidente de la Nación Javier Milei acusó a los manifestantes en sus redes sociales de «terroristas»»que intentaron perpetrar un golpe de Estado». Entre los detenidos hay una familia que vendía empanadas, un vendedor de choripan y una señora que filmaba la represión. El fiscal Carlos Stornelli los acusó de sedición y ataque al orden constitucional.

El legislador porteño de Republicanos Unidos, Yamil Santoro, y los abogados José Magioncalda y Juan Martín Fazio, denunciaron este jueves a las personas que fueron «cazadas» por las fuerzas de seguridad durante el miércoles en las inmediaciones del Congreso por «terrorismo».

En el escrito, dijeron que la denuncia es por la posible comisión de los «delitos de lesiones, daños a fin de impedir el ejercicio de la autoridad; tenencia de armas, atentado y resistencia a la autoridad, y contra los poderes públicos y el orden constitucional; todos ellos agravados por terrorismo».

Los denunciantes fueron aún más lejos y aseguraron que, en virtud de lo normado por el artículo 41: «no puede ser descartado el agravante del terrorismo, dado el tenor de los hechos cuya investigación se solicita, y siendo manifiesta la intención de los involucrados de impedir el normal funcionamiento de un poder del Estado».  

En este sentido, se pidió en la denuncia que se investiguen «las conductas típicas descritas, a todos aquellos que hubieren financiado a las organizaciones participantes de la protesta violenta».

Durante la tarde del jueves, fuentes involucradas relataron a InfoGremiales que se acercaron a la comisaría de Chacarita para reclamar por 7 mujeres detenidas que seguían esposadas. Esa noche varios de los detenidos serían trasladados al Centro de Detención Federal N° 28 (Lavalle 1337), para pasar una segunda noche privadas de su libertad sin pruebas vinculantes. No les quisieron dar colchones, denunciaron.