La industria textil en Tierra del Fuego atraviesa una crisis tras la exclusión de varias empresas del subrégimen industrial. Pablo Lavigne, titular de la Secretaría de Comercio e Industria de la Nación, firmó una resolución que deja fuera de la prórroga a las empresas Barpla, Australtex, Fabrisur y Sueño Fueguino, lo que afectará directamente a 500 empleados. Esta medida ha generado gran incertidumbre en el sector y ha agravado el panorama laboral en la provincia.
El Decreto 594/23, que entra en vigor el 1 de enero del próximo año, establece que estas empresas comenzarán a perder parte de sus beneficios. Según Alberto Garófalo, presidente de la Cámara Fueguina de la Industria (CAFIN), el sector textil enfrenta discriminación debido a presiones de lobbies que buscan limitar la competencia. A pesar del tiempo transcurrido, no se han emitido las autorizaciones necesarias para la prórroga del subrégimen, lo que ha generado inquietud en el sector.
El contador Ramón Gallardo también ha expresado su preocupación, destacando el impacto financiero que esta medida podría tener en el futuro. Las textiles deberán realizar un aporte retroactivo al FAMP desde enero de 2022 y enfrentarán una reducción anual del 2,3% en sus beneficios. Según Gallardo, esto podría llevar a que, en diez años, las empresas afectadas paguen un 25% de sus utilidades en concepto de Impuesto a las Ganancias.
Gallardo recordó que esta medida fue aprobada durante el gobierno anterior a través del Decreto 594 y señaló que fue impulsada por lobbies y gestiones del exministro de Economía, Sergio Massa “nos consideraron un gasto tributario del 0,35% del PBI y nos atacaron desde varios frentes, incluyendo medios nacionales y políticos de la oposición», subrayó.
A la espera de novedades, este jueves se celebrará una nueva reunión de la comisión del área aduanera especial, donde se espera que se discuta la situación del sector textil. Las empresas afectadas y los empleados esperan una pronta resolución que brinde claridad y estabilidad al sector.
