La Presidenta, Cristina Kirchner, habló ayer sobre la inesperada quiebra de la imprenta Donnelley, que afectó al fuente laboral de más de 400 personas. La jefa de Estado asoció esa empresa con NML, de Paul Singer. Según dijo, una investigación de la AFIP determinó que el 70% de la firma está en manos de Blackrock, un fondo vinculado con Singer. «Como verán todo hace juego con todo, todo un entramado casi mafioso internacional», apuntó.
«Cuando comenzamos a indagar la situación patrimonial de la empresa era buena. No tenía deudas y sin embargo pide la quiebra. La pidió el viernes 8 de agosto en el juzgado comercial N°19, secretaría 37, a cargo Gerardo Santicchia», indicó. Ante la sorpresa de algunos de los presentes por los datos que reveló, se defendió al sostener que era información pública.
Cristina resaltó que el auto de quiebra fue concedido el 11. «Una quiebra exprés», evaluó. «Tenemos Griesas que superan las marcas de Griesa», agregó en relación al juez de los EEUU que falló a favor de los holdouts en Nueva York.
Luego brindó datos referidos a la situación impositiva de la compañía que juzgó satisfactorios. También hizo hincapié en una nota que la multinacional presentó ante la SEC y a un llamativo cambi de directorio reciente. A su parecer, fue un «acto preparatorio».
«No tienen problema en tirar 27 millones para crear una situación de zozobra con tal de ver a un gobierno de rodillas», señaló.
Ante esa situación, la gobernante anunció que el Gobierno ha «presentado la denuncia por alteración al orden económico y financiero» y que por primera vez se aplicará la Ley Antiterrorista, una norma que recibió cuestionamientos incluso desde el seno del oficialismo. «Estamos ante un verdadero caso de un manejo fraudulento e intento de atemorizar a la población», argumentó.