La secretaria de Derechos Humanos de Nación finalmente debió dar marcha atrás con los despidos de 23 de las 29 desvinculaciones de trabajadores y trabajadoras de espacios de memoria que funcionan en excentros clandestinos de la ciudad de Buenos Aires. Un freno al desguace.
El lunes último, 29 de julio, se conoció una resolución del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, para prorrogar por tres meses, hasta fines de septiembre, las tareas de quienes padecen contrataciones precarias en el marco de lo que se denomina “artículo 9” en la jerga estatal.
«Estamos volviendo de a poco a retomar las tareas en los sitios, pero seis compañeros y compañeras quedaron afuera, por lo que seguimos en estado de alerta y movilización, sabiendo además que en tres meses vamos a volver a pasar por la misma situación”, explicó a Página/12 uno de los trabajadores que había sido despedido a fines de junio.
Los seis trabajadores y trabajadoras de espacios de la memoria que aún siguen desvinculados se sumaron a la larga lista de despedidos por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación desde que asumió la gestión libertaria.
La política de desgaste se complementa con la renovación trimestral de los contratos para quienes continúan en sus puestos, que de ese modo ven peligrar su estabilidad laboral al mismo tiempo que se deprecian sus salarios.
A mediados de julio la Secretaría que encabeza Alberto Baños pareció haberse tomado un descanso, al menos transitorio, en su política de destrucción de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia sobre los crímenes de la última dictadura.
Desde que asumió Javier Milei al frente del Ejecutivo y Baños en la Secretaría de Derechos Humanos, el área demonizada por la gestión libertaria sufrió ya 107 despidos, que se concretaron en los meses de enero, marzo y fines de junio. La motosierra se ensañó con tres sectores especialmente sensibles: las leyes reparatorias, el Archivo Nacional de la Memoria y espacios para la memoria que funcionan en excentros clandestinos de tortura y exterminio que dependen del Estado nacional, como Automotores Orletti, Olimpo o Club Atlético, que por ende vieron reducidas sus plantas de trabajadores y afectada su función pedagógica en la transmisión del relato histórico sobre el terrorismo de Estado.
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