Las cesantías en el call center se produjeron con el decreto que prohíbe los despidos en plena vigencia y luego de que las trabajadoras reclamaran que se cumplan los protocolos por el aumento de los contagios.
A principios de enero despidieron a dos operadoras del call center Praga, conocido también como “ATM”, ubicado en la localidad bonaerense de Ituzaingó.
La empresa realizó los despidos en el marco del decreto antidespidos que continúa vigente.
Las trabajadoras denuncian que fue un despido persecutorio de la empresa por reiterados reclamos salariales y sanitarios, frente a la exposición a contagios de Covid-19.
Las operadoras señalan que los despidos «no sólo son ilegales, sino también persecutorios y antisindicales ya que fueron posteriores a que las despedidas realicen, junto a sus compañeras y compañeros, reclamos a la empresa antes casos positivos de coronavirus, donde no se respetaban protocolos».
Según detallan, estaban obligados a compartir elementos de trabajo de uso común.
Inclusive especifican que no se les permitía la afiliación sindical, que no cuentan con delegados, y que, en medio de la pandemia, no tenían obra social.
Desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH), informaron que “la actuación de la empresa es totalmente ilegal en el marco de la cuarentena y la extensión del decreto antidespidos. A su vez, es clara la intención de la empresa de atacar a dos de las trabajadoras del call center que venían reclamando por cuestiones básicas de prevención de contagios en la oficina laboral y por sus condiciones de trabajo”.