Según información de la ONG La Alameda, en los alrededores de La Salada y en los barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires funcionan, al menos, 30.000 talleres en los que trabajan entre 250.000 y 300.000 personas en «condiciones de esclavitud». Están disimulados entre las viviendas de Lomas de Zamora, La Matanza, San Martín, Villa Celina, Pompeya, Villa Lugano y Villa Soldati.
Solo la feria Punta Mogote, la más grande del mercado de La Salada, tiene unos 8000 puestos de venta de indumentaria. El argumento de los defensores del mercado es que los precios bajos se mantienen con emprendimientos de textiles familiares, pero difícilmente se pueda negar la existencia de talleres clandestinos donde los costureros, mayoritariamente extranjeros, trabajan en condiciones de hacinamiento e insalubres.
Por otro lado, tampoco existe una clara línea divisoria entre “simple” trabajo en negro y trabajo “esclavo”. Evidentemente, se trata de un denigrante espectro de trabajo indigno.
Se estima que al menos cuatro talleres proveen a cada uno de esos puestos y ninguno de ellos está registrado como lo prevé la ley N° 12.713, que regula el trabajo a domicilio. Funcionan en casas, garajes y habitaciones con entre siete y ocho personas que confeccionan las prendas en jornadas que van desde las 7 hasta las 21. En algunos casos se extienden entre las 5 y las 22.
La ONG La Alameda es dirigida por su fundador, el legislador porteño por el UNEN, precandidato a Jefe de Gobierno porteño por Bien Común, y amigo de Jorge Bergoglio, es decir, el Papa Francisco, Gustavo Vera. «Los precios populares no deben ser sinónimo de esclavitud. La solución debe ser auditar toda la cadena de producción y comenzar a regular la actividad de esas personas. Los responsables de La Salada saben del trabajo esclavo», afirmó Vera.
Las presentaciones judiciales por talleres clandestinos son varias. En una de las últimas, el 11 de marzo de 2013, la ONG denunció ante la AFIP la ubicación de 40 talleres en distintos barrios porteños. En ese momento tomó intervención la Unidad Fiscal Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Persona (Ufase) -reemplazada en abril del mismo año por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex)- para certificar si se cometían delitos de ese tipo.